La amnistía "abarca sucesos por los que se ha perseguido a venezolanos desde 1999 hasta ahora, y no puede favorecer a quienes hayan violado los derechos humanos, o cometido algún crimen de lesa humanidad", dijo a Sputnik Nóvosti el abogado Gonzalo Himiob, del no gubernamental Foro Penal Venezolano y uno de los redactores de la iniciativa.
La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que asumió la conducción de la Asamblea hace una semana, hizo de la amnistía una de las banderas con las que ganó 112 de los 167 escaños en la elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre.
"Un compromiso de la alternativa democrática es la amnistía que permita la reconciliación de los venezolanos y vamos a cumplir", señaló el jefe de la bancada de la MUD, Julio Borges, del partido centrista Primero Justicia.
Himiob dijo que presentaron a los diputados dos opciones de forma con el mismo contenido: redactar una ley o disponer la amnistía como un decreto de la Asamblea, éste último un mecanismo que no requeriría la promulgación por parte del presidente Nicolás Maduro ni el control constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia.
Otro redactor del proyecto, Alfredo Romero, dijo a periodistas en el Parlamento que la amnistía beneficiaría a más de 5.000 personas comprendidas en 41 "situaciones de relevancia nacional", que motivaron las que consideran medidas de persecución como procesos judiciales, encarcelamiento, autoexilio o expropiación de bienes.
El período comprendido, a partir de 1999, corresponde a las presidencias del fallecido líder Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor Nicolás Maduro.
Himiob recordó que, a diferencia del indulto o perdón con nombre y apellido, la amnistía se refiere a situaciones o eventos que dejan de ser considerados causa de castigo.
El Foro Penal considera que en Venezuela hay 67 presos políticos, en su mayoría manifestantes en protestas y desórdenes que reclamaron en 2014 la renuncia de Maduro, y en las cuales hubo 43 muertes y fueron heridas unas 800 personas.
Destacan el dirigente que llamó a esas protestas, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, el ex candidato presidencial opositor en 2006, Manuel Rosales, y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
Por su parte, Nicolás Maduro, con respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha dicho en varias intervenciones públicas que no aceptará la ley de amnistía y que no la promulgará.
A principios de diciembre, durante su programa "En contacto con Maduro", el presidente venezolano señaló: "Lo digo como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos y así lo digo y así me planto, me podrán enviar mil leyes pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y lo tienen que pagar".
La Asamblea Nacional debería iniciar en los próximos días la discusión de la ley o decreto de amnistía.
