El cierre de la frontera se inició el 19 de agosto de 2015 y se acompañó de la militarización, bajo un estado de excepción, de 24 municipios en zonas limítrofes con Colombia, con el objetivo de combatir a bandas criminales, de paramilitares y contrabandistas que llevaban al vecino país artículos subsidiados en Venezuela.
Durante las primeras semanas de cierre fueron deportados unos 1.400 colombianos y otros 19.000 abandonaron el occidente venezolano por temor a la acción de las autoridades.
"De Colombia nos vienen mil demonios: contrabando, paramilitarismo, narcotráfico", afirmó.
La Asamblea Nacional, con el voto de la mayoría opositora, pidió hace dos días al Gobierno que reabra la frontera para el tránsito de personas y vehículos, actualmente restringido a casos médicos, de turistas, estudiantes y trabajadores certificados por autoridades de frontera, y grupos indígenas en la franja fronteriza norte.
