“Creemos que la situación se va a imponer y la sensatez va a prevalecer, porque de lo contrario se va a una crisis aún más dura, económica, social y política”, dijo Gunson, portavoz del ICG con sede en Bruselas.
Venezuela eligió un nuevo parlamento el 6 de diciembre y las fuerzas opositoras al presidente Nicolás Maduro conquistaron dos tercios de los 167 escaños en la Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero, con presagios de un choque entre poderes.
El entendimiento mínimo que deberían buscar Gobierno y oposición requeriría acompañamiento del exterior, recomendó el ICG.
El clima de confrontación política “posiblemente haga necesaria la presencia de terceros para facilitar el diálogo, y en primer lugar se puede pensar en los vecinos, los de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas)”, estimó Gunson.
Los indicadores económicos de la crisis al cierre de 2015 son una caída a la mitad del ingreso petrolero, una inflación que Maduro estima en alrededor de 85 por ciento y firmas de consultoría en 200 por ciento, una marcada depreciación de la moneda y una carestía que se expresa en colas de consumidores ante comercios desabastecidos de alimentos y medicinas.
Maduro ha advertido en mítines con grupos partidarios que “aquí no va a haber conciliación con la burguesía, sino revolución y más revolución”.
Su rival en la elección presidencial de 2013, el opositor Henrique Capriles, dijo el lunes a periodistas que “la emergencia económica impide perder tiempo en la confrontación política”, y pidió al presidente que convocara “un diálogo nacional urgente ante la crisis”.
En este contexto, el ICG considera que “el nuevo mapa político ofrece la oportunidad de pactar entre dos poderes igualmente legítimos y, en consecuencia, de estar en mejores condiciones para evitar un mayor deterioro social y económico” durante los tres años de mandato que le restan a Maduro.
En este aspecto, Gunson dijo que “una buena noticia ha sido la conducta sostenida por la Fuerza Armada”, pues “no hay señales de que en los cuarteles se planteen escenarios distintos a los de la legalidad, como serían un autogolpe o cierre de la Asamblea Nacional, y en su lugar hemos visto a los militares actuar con coherencia y coordinación”.
La nueva Asamblea Nacional debe instalarse el 5 de enero, con 112 diputados opositores y 55 oficialistas, elegidos para legislar durante los próximos cinco años.
