La embajadora argentina en París, María del Carmen Squeff, y los abogados de la Embajada, lograron una decisión favorable del Tribunal de Gran Instancia de París. El fondo NML apeló la decisión, pero ello no puso en tela de juicio la liberación de los fondos diplomáticos.
La Argentina contó con el apoyo del gobierno francés. La cancillería francesa defendió la inmunidad de las cuentas argentinas, así como la fiscal de París, que representa al Ejecutivo, y los senadores que componen el grupo de Amistad Franco Argentino se pronunciaron contra el embargo que "dificulta el funcionamiento de un Estado soberano, y ello en violación del derecho internacional" (Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas).
Estos fondos, que tienen apenas un 7% de los bonos argentinos, no ingresaron a las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, y después demandaron a la Argentina ante la justicia de Nueva York, donde el juez Thomas Griesa falló a favor de ellos y exigió al país pagarl la totalidad del valor nominal de los bonos, impidiendo el pago a los acreedores que sí ingresaron a los canjes de deuda y aceptaron reducciones de capital e intereses.
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En julio de 2013, el gobierno de Francois Hollande presentó a la justicia de Estados Unidos un documento llamado amicus curiae mediante el cual respaldaba la solicitud argentina.