Uno de los aspectos más discutidos de la denuncia presentada por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), que pretendía llevar a la nulidad del proceso, fue la del uso de la votación secreta con el fin de elegir los 65 diputados que compondrán la Comisión Especial que decidirá sobre si existen indicios que permitan llevar el juicio político a votación en el Congreso de los Diputados.
En cuanto a la posibilidad de que el Senado se reserve la potestad de archivar el proceso, suponiendo que este superase la votación de 2/3 de los diputados del Congreso, 8 magistrados votaron a favor y únicamente 3 en contra, lo que puede interpretarse como una victoria del gobierno ya que el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff tiene mayor control sobre el Senado que sobre el Congreso de los Diputados aunque llegados a ese punto la presidenta sería apartada del cargo 180 días.
Por su parte, el presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros, del Partido Democrático de Brasil (PMDB), fue el primero en felicitar la labor y seriedad del TSF así como el reconocimiento del organismo al Senado Federal, cediéndole la última palabra sobre el proceso, al afirmar que "no se puede destituir a la presidenta de la República a partir de una decisión de la Cámara Baja sin escuchar a la Cámara Alta, sería el predominio una Cámara sobre la otra".