"A Uber le interesa (el mercado uruguayo) porque es el país en América con más garantías, y transgredir e ignorar las normas departamentales y nacionales en un país democrático líder en América es para ellos lo mejor que les puede pasar", dijo el presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (CPATU), Óscar Dourado.
Mientras una gran cantidad de taxistas se manifestaban en la puerta del hotel donde Uber capacitará a los choferes uruguayos, la prensa local dio a conocer que el CPATU registró la marca Uber el año pasado y obtuvo la patente este año.
Dourado optó por no dar declaraciones a esta agencia sobre el registro, que no permitiría a Uber usar su nombre en Uruguay, pero representantes de la empresa anunciaron que recurrieron a la justicia para retraer esta acción, publicó este viernes el portal de noticias 180.
El representante del gremio del taxi dijo que Uber es una "empresa ilegal", mientras que el gremio de los taxistas defiende los trabajos con salarios regulados y cumple con todas las cargas sociales que exige el Estado, alegó.
El presidente de CPATU fue recibido este viernes por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, quien presentará las inquietudes del gremio a la reunión de gabinete del próximo lunes, de la que participará el presidente de la República, Tabaré Vázquez, publicó el sitio web de Canal 10.
Dourado no hizo referencia a la reunión con el ministro, pero aseguró a Sputnik que todos los trabajadores del transporte de Uruguay están unidos para defender su trabajo.
"Acá lo que peligra es el trabajo de más de 100.000 familias", enfatizó.
Tampoco quiso opinar sobre si la sociedad uruguaya prefiere a Uber en lugar del sistema actual de transporte.
Uber es una empresa con sede en la ciudad estadounidense de San Francisco (oeste) y se encuentra presente en 70 ciudades del mundo.
Los conductores ingresan al sistema en calidad de contratados independientes por lo que deben tener una empresa con cual tributar el servicio.
Uber ha generado resistencia de distintos sindicatos de transporte de varias ciudades donde se instaló.
En Uruguay tanto los trabajadores como los gobiernos municipales se han mostrado reticentes a la aplicación, acusándola en algunos casos de ilegal.
