El estudio, presentado por León Valencia y Ariel Ávila, separa los casos de candidatos vinculados con la ilegalidad en varias categorías: los “herederos de la parapolítica”, “que son ‘cuota’ directa de un político involucrado con el escándalo de la parapolítica, ya sea por estar condenado o investigado”, y que son usualmente familiares como hijos, esposas, hermanos, primos, o personas que han trabajado en cargos políticos o administrativos del parapolítico en cuestión. El estudio cita el ejemplo del departamento del Magdalena, donde Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico, Chico Zúñiga, es candidata a la gobernación. “Ella hereda la estructura política de su esposo, quien era conocido como uno de los miembros del clan de los Conejos”, y sería apoyada por un grupo de parapolíticos.
El tercer grupo son aquellos que tienen condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, Contraloría o Fiscalía, que “han ejercido cargos públicos y cuya ejecución ha estado permeada por escándalos relacionados con el mal manejo de recursos, o porque han violado la ley durante su mandato”, como Carlos Guillermo Atehortúa, candidato a la alcaldía de Yarumal, Antioquia, por el partido Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe.
El último grupo de candidatos cuestionados son los que el informe denomina “parapolíticos”, que pagaron condenas o firmaron pactos con grupos armados ilegales y hoy aspiran a cargos de elección popular.
Según el informe, los casos más dramáticos se presentan en el departamento del Magdalena, donde una serie de ex miembros del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que después de acogerse a la desmovilización durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), han regresado a la arena política, en municipios que vivieron una intensa violencia, y donde estos personajes se hicieron famosos por masacres y despojos de tierras cometidos por los paramilitares, como Sergio Araujo Castro, hijo de Álvaro Araujo Noguera y hermano del ex senador Álvaro Araujo Castro, condenado a nueve años de prisión por parapolítica.