En consecuencia, lo que está en juego es la capacidad de los nuevos gobernantes para implementar en sus territorios los acuerdos de paz a los que el Gobierno llegue con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) una vez se produzca la firma definitiva, a más tardar el 23 de marzo de 2016.
"El actual modelo de paz se basa en lo que se llama la paz territorial, es decir, en la construcción de una serie de políticas públicas en los territorios para afianzar la convivencia y construcción de paz. Eso solamente es posible con el apoyo y la participación de las autoridades locales. Entonces quienes sean elegidos en los territorios va a tener una gran influencia en cómo se va a implementar el proceso de paz de cara a los territorios", explicó el columnista y analista político Juan Fernando Londoño.
El Gobierno colombiano destinará diez billones de pesos (3.300 millones de dólares) de su presupuesto nacional de 2016 para la etapa del posconflicto con las FARC.
Tales recursos se invertirán en restitución de tierras y atención de víctimas, según señaló el pasado 14 de octubre el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, luego de que destacó que el presupuesto general para la Nación para 2016 será de 215 billones de pesos (74.131 millones de dólares), un rubro de austeridad —como dijo el propio ministro-, debido a que Colombia ya no goza de las rentas petroleras petroleras de años anteriores.
Sospechas de corrupción
A pesar de desarrollarse en medio de la tranquilidad, el proceso para la elección de gobernadores y alcaldes ha quedado manchado por sospechas corrupción.
En vísperas de la celebración de los comicios, es clara la presencia de grupos mafiosos o 'carteles' que tratan de corromper a los mandatarios que saldrían escogidos, según lo señaló el pasado martes la Red de Veedurías.
Según esa organización, la corrupción es de tal nivel que se han podido identificar hasta 'carteles' temáticos que se reparten las concesiones de viviendas, tierras o licencias de explotación. Los candidatos obtendrían dinero a cambio de garantizarle a esas mafias beneficios en sus administraciones.
"En las elecciones locales se juegan muchos intereses específicos. De hecho las encuestas hechas por Transparencia Internacional muestran que los donantes tienen mayor interés de intervenir en estas porque se juegan temas como la determinación de qué tierras pueden ser urbanizables, lo cual puede hacer ricos a muchos dueños de tierras", explicó Londoño.
Recambio en Bogotá
Las elecciones más importantes tendrán lugar en la capital del país, Bogotá, donde las encuestas muestran un probable giro político luego de tres legislaturas dirigidas por una izquierda cada vez más cuestionada por su ineficiencia. Así, Enrique Peñalosa, del partido Cambio Radical (centro), se proyecta como el sucesor del actual alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.
No obstante, la más reciente encuesta sobre la intención de voto difundida en la tarde de este jueves y realizada por la firma Gallup revela que Peñalosa, con el 32,1 por ciento, y su más próximo rival, Rafael Pardo (de la coalición formada por el Partido de La U y el Partido Liberal, centro), con el 28 por ciento, protagonizan un empate técnico, si se tiene en cuenta que el margen de error de la encuesta es del cinco por ciento.
Eso sólo demuestra que "hay necesidad de cambio y alternancia, pero mientras Peñalosa propone una ruptura radical con las políticas de izquierda, Pardo encarna un cambio más gradual, de trabajar sobre lo construido y hacer los ajustes que el Polo Democrático no hizo", explica Londoño a Sputnik Nóvosti.
La tendencia a dar un giro ideológico desde el progresismo al centro o, incluso, a la derecha, se nota también en Medellín (noroeste), la segunda ciudad en importancia del país, y en la que el candidato a la alcaldía Juan Carlos Vélez, del partido Centro Democrático (que lidera el ex presidente Álvaro Uribe, derecha) se muestra como el favorito, con una intención de voto de 36,3 por ciento, según la encuesta de Gallup difundida el jueves.
