“Los laboratorios tienen derechos legítimos a las ganancias, pero el derecho a la ganancia no puede condicionar el derecho a la vida de las personas; (el TPP) es una preeminencia de la ganancia sobre la vida y ese es el problema de fondo”, señaló Giancarlo Castiglione, director ejecutivo de la organización Forum Solidaridad Perú (FSP).
La congresista Cecilia Tait (independiente) instó por su parte a las autoridades a “dar las explicaciones del caso, sobre todo al ciudadano, para que pueda escuchar sobre qué criterios ha decidido” el Gobierno hacer correr a los pacientes “graves dificultades”.
El contenido del acuerdo se ha mantenido en secreto, pero algunos cables publicados por Wikileaks en 2013 dieron a conocer cláusulas sobre propiedad intelectual de los fármacos biológicos, fundamentales para el tratamiento del cáncer y las enfermedades autoinmunes.
Esas cláusulas establecen un mínimo de cinco años para la vigencia de las patentes, plazo que puede extenderse hasta los ocho años.
Durante el plazo de vigencia de las patentes, no se puede elaborar medicamentos no sujetos a patente (genéricos) con la misma fórmula química, encareciendo los productos.
Según Tait, el acuerdo tiene “mil cosas interesantes”, entre ellas aspectos vinculados a la agroindustria, “que van a beneficiar seguramente a mi país”; pero no puede “dejar lado a los pacientes” por una lógica “costo-beneficio”, señaló.
Soberanía legislativa
Por otra parte, el director del FSP criticó que “los legisladores, que son los elegidos (por la ciudadanía), no tienen todos los elementos de juicio para una negociación de esta naturaleza, es una evidencia de que los Gobiernos, en la práctica, son títeres de decisiones comerciales”.
Con esta modalidad de negociación “se está afectando la soberanía legislativa de los países que están en el TPP”, observó.
Para Castiglione, así se “consolida” una visión inaugurada por los tratados de libre comercio, en los que las empresas “ya no solo se equiparan a los Gobiernos nacionales” a la hora de “dirimir diferencias”, sino que “los consorcios empresariales terminan pasando por encima de los congresos nacionales”.
Tait recordó por su parte que los congresistas solicitaron al Gobierno que las negociaciones pasaran por un comité designado por la Comisión de Salud del Congreso, que ella integra.
“Lamentablemente el Poder Ejecutivo no tomó en cuenta el pedido” e “hicieron la negociación en secreto”, añadió.
Para que el TPP entre en vigor debe ser ratificado por los órganos legislativos de los 12 países que lo discutieron.
Pero Tait expresó “dudas” de que se desarrolle un debate parlamentario real.
“Esta negociación no es de ahora, viene de años, (y) todo ese tiempo no va a ser desperdiciado” por el Gobierno “si supiera” que el Congreso no va a refrendar el acuerdo, conjeturó.
Los 12 países que negociaron el TPP, promovido por Estados Unidos, llegaron a un acuerdo final el lunes en la ciudad de Atlanta, luego de varios años de discusiones.
Además de Estados Unidos, los otros países miembros son Chile y Perú en América del Sur; México y Canadá en América del Norte, y Australia, Brunei, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, en Asia y Oceanía.
