"Se le puso una querella por poner las urnas y hacer que los ciudadanos pudieran expresarse libremente sobre el futuro de su país", ha dicho Munté.
La portavoz ha afirmado que los imputados tendrán "pleno apoyo" del Ejecutivo regional, porque es una "querella y un juicio político", contra un presidente "elegido democráticamente en las urnas".
La dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña ha cargado contra la "instrumentalización" que el Estado ha hecho de la Fiscalía, sobre la que ha habido "presiones" incluso en campaña electoral.
Todos los independentistas se han movilizado ante la citación del tribunal.
Las entidades independentistas catalanes darán la respuesta más adecuada ante aquellos que niegan "el derecho democrático a expresarse".
El presidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez, y el presidente de Omnium Cultural, Quim Torra, han dicho este martes que "daremos la respuesta más adecuada ante quien niega el derecho democrático de expresarse el 9N".
Sánchez ha explicado, en una rueda de prensa para valorar los resultados de las elecciones regionales de este domingo, que la citación judicial "no es, ni lo podemos aceptar, como un hecho aislado".
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) citó esta mañana a declarar como imputado a Mas y a dos de sus consejeras del Gobierno catalán por la consulta de autodeterminación celebrada el 9 de noviembre del año pasado.
En una providencia publicada hoy, el tribunal llama a declarar a Más el próximo 15 de octubre, mientras que la exvicepresidenta del Ejecutivo regional, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau declararán dos días antes, el 13 de octubre.
La citación llega dos días después de las elecciones catalanas que ganó la coalición independentista liderada por Mas, aunque las dos formaciones abiertamente secesionistas no lograron el 50 por ciento de los votos válidos.
Las elecciones planteadas en clave plebiscitaria por las opciones rupturistas contaron con una participación histórica del 77,4 por ciento.
La querella de la Fiscalía investiga a Mas, Ortega y Rigau por los delitos de prevaricación, desobediencia, malversación y usurpación.