"No es un plan que vaya a mejorar la economía de Puerto Rico; muy por el contrario, lo que va a hacer es que la economía siga contrayéndose y sigamos todavía en este estancamiento económico", dijo este viernes a Sputnik Nóvosti la expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Martha Quiñones.
El Gobierno, a través de un Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, está trabajando en un plan que propone gruesos recortes en educación, salud y beneficios laborales, así como aumentos impositivos, según pudo saber el periódico local El Nuevo Día.
Cierre de escuelas y privatizaciones
A nivel impositivo, se dispone la entrada en vigor, a partir del 1 de octubre, el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de cuatro por ciento a los servicios.
También se prevé la participación de capitales privados en áreas que antes eran de gestión exclusiva del Estado, como es el caso de la energía eléctrica.
Quiñones señaló que el plan de ajuste no busca "alternativas a las recetas tradicionales" del "modelo neoliberal de recortes y ajustes fiscales", por lo que "parte de la discusión" que debe tener Puerto Rico "es si de verdad esa es la alternativa o podemos crear nuestra propia alternativa".
Debate parlamentario
Para Quiñones, sin embargo, el paso por parlamento no modificará significativamente los alcances del plan de ajuste.
"Las chances (de que se modifique el plan) no son muchas", reconoció la economista, quien dijo sin embargo, que algunos legisladores "no están conformes" con el plan, "porque no se ha consultado con ellos el proceso de cómo se va a establecer".
"Ellos están viendo que (el plan) es una imposición por encima de su mandato político; un plan que va a establecer una junta que no es electa por el pueblo, que no responde al pueblo y que lógicamente va a traer mucho malestar social", expresó Quiñones.
El pasado 29 de junio, en una entrevista con el periódico New York Times, el Gobernador García Padilla reconoció oficialmente que el Estado no podía hacerse cargo de sus obligaciones con los acreedores, al señalar que la deuda del país, de unos 70 mil millones de dólares, era "impagable".
Por tratarse de estado libre asociado a los Estados Unidos, Puerto Rico no puede declararse en quiebra.