"Lo fundamental, si uno quiere hacer una transformación estructural, es plantearse cuáles son los principios…, cuáles son las transformaciones que va a tener cada una de las instituciones, y luego de eso definir a cuáles se financia", dijo en la marcha la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Valentina Saavedra, según el Diario Uchile.
En el centro de la polémica está la reforma a la educación superior, que el Gobierno había prometido enviar al Parlamento en septiembre y ahora ha pospuesto hasta diciembre, y la obligación de ofrecer formación universitaria gratuita a partir de 2016, una iniciativa separada que también ha sido postergada.
Las autoridades habían planteado incluir la gratuidad en la ley de presupuesto para comenzar a aplicarla en forma independiente a la reforma del sistema universitario, y con una financiación pública parcial que cubriría los costos de 20 por ciento del estudiantado.
Según el Centro de Investigación Periodística de Chile (Ciper), en el país hay "60 universidades que por ley no pueden lucrar, además de 58 centros de formación técnica y 42 institutos profesionales que sí pueden hacerlo".
Además, hay universidades del Estado y privadas; y entre estas últimas, algunas "respetan el principio de no lucro establecido por ley", mientras otras "han implementado distintos mecanismos para violar la norma, desviando utilidades a sus controladores por medio de transferencias a sociedades relacionadas", dice el Ciper.
Los estudiantes se quejan de que la propuesta gubernamental ha sufrido constantes cambios, denotando una gran "improvisación" de las autoridades.
En esa improvisación "triunfan los sectores conservadores, ya que todos los cambios que se hacen es por un diálogo o con la DC (Democracia Cristiana), o con los parlamentarios de la derecha y no con los actores de la educación", denunció el portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile, Nicolás Fernández, en diálogo con Radio Universidad.
Este mismo jueves, una reunión de los rectores de las principales universidades saludó la decisión del Gobierno de postergar el envío de los proyectos al parlamento.
