"Hay unas 22.000 minas abandonadas sólo en (en el central estado de) Colorado, y de esas al menos 230 están ahora mismo vertiendo cantidades sustanciales de metales pesados en los ríos del estado", señaló el activista.
Las minas de las que habla Tessing, casi todas ellas en yacimientos auríferos, fueron excavadas durante el siglo XIX y abandonadas en las primeras décadas del XX, casi siempre dejando atrás inmensas cantidades de residuos tóxicos almacenados sin control.
La tragedia ecológica del Colorado fue desencadenada, paradójicamente, por los trabajos de limpieza de una máquina de la Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), decidida a evitar que los metales pesados y otros contaminantes usados en las prospecciones de minerales preciosos, retenidos en balsas subterráneas durante décadas, alcanzaran los acuíferos.
La excavadora empleada por los técnicos de la EPA habría perforado accidentalmente una de esas balsas, arrojando más de 11 millones de litros de aguas venenosas al curso de los ríos Ánimas y San Juan.
La fiscal general de Colorado, Cynthia Coffman, quien visitó la mina King Gold acompañada por el fiscal general de Utah (oeste), Sean Reyes, confirmó el miércoles que ambos estados se plantean demandar a la EPA como causante del vertido.
También la Nación Navajo (territorio indígena con autonomía limitada en el este de Estados Unidos) evalúa presentar una denuncia contra esa agencia, pidiendo una indemnización a los colectivos más afectados.
Tessing reconoció que "la EPA ha intentado llevar a cabo una limpieza mucho más sustancial e intensa en esa y otras minas abandonadas en los últimos 25 años", pero explicó que eso requeriría que esas zonas fueran declaradas "áreas contaminadas" bajo la denominada Ley de Superfondos.
Esto "les permitiría recibir unas cantidades muy sustanciales de recursos federales para cometer el proceso de limpieza", señaló.
Se conoce como Ley de Superfondos a la normativa aprobada el 11 de diciembre de 1980 que, a través de un impuesto a las industrias químicas y del petróleo, proporciona, "autoridad al Gobierno federal para responder a los vertidos que puedan poner en peligro la salud pública", según define la propia EPA.
Pero los residentes de las zonas afectadas se resisten a que se les declare como "áreas contaminadas", pues temen que eso "tenga impactos negativos tanto en el turismo con el negocio de la prospección de metales y en la posibilidad de reabrir algunas de las minas abandonadas", explicó Tessing a Sputnik.
El activista opinó que la población de la zona "está muy confusa, dado que no se sabe cuán extenso será el impacto ecológico del vertido, aunque sí que los metales pesados, como el arsénico, el plomo y el cadmio, son tóxicos tanto para los humanos como para los ecosistemas".
Una exposición prolongada a cualquiera de estos metales puede causar cáncer y lesiones en la piel, así como derivar en problemas desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes.
