"Hay unas 22.000 minas abandonadas sólo en Colorado, y de esas al menos 230 están ahora mismo vertiendo cantidades sustanciales de metales pesados en los ríos del estado", dijo, haciendo hincapié en el impacto letal del vertido tóxico que envenena desde hace semanas la cuenca hidrográfica del río Colorado, una de las mayores de EEUU, lo que amenaza los ecosistemas del país y la salud de sus ciudadanos.
Las minas de las que habla Tessing, casi todas ellas en yacimientos auríferos, fueron excavadas durante el siglo XIX y abandonadas en las primeras décadas del XX, casi siempre dejando atrás inmensas cantidades de residuos tóxicos almacenados sin control.
La tragedia del Colorado fue desencadenada por los trabajos de limpieza de una maquina Agencia para la Protección del Medioambiente de EEUU (EPA por sus siglas en inglés), decidida a evitar que los metales pesados y otros contaminantes usados en las prospecciones de minerales preciosos, retenidos en balsas subterráneas durante décadas, alcancen los acuíferos.
Al parecer la excavadora empleada por los técnicos de la EPA perforó accidentalmente una de esas balsas, arrojando más de 11 millones de litros de aguas contaminadas al curso de los ríos Ánimas y San Juan.
La EPA se encuentra así mismo en el ojo de huracán de la industria petrolera y los candidatos republicanos después de que la administración Obama haya presentado sus planes para rebajar las emisiones de dióxido de carbono y metano mientras apuesta por multiplicar la producción y consumo de energías limpias.
Este mismo miércoles la fiscal general de Colorado, Cynthia Coffman, que visitó la mina King Gold acompañada por el fiscal general de Utah, Sean Reyes, ha confirmado que ambos estados se plantean demandar a la EPA como causante del vertido.
También la Nación Navaja planea la idea de presentar una denuncia contra la Agencia de Protección del Medioambiente, de la que todas las partes implicadas espera que indemnice con prontitud a los colectivos más afectados.
Reconoce Tessing que "la EPA ha intentado llevar a cabo una limpieza mucho más sustancial e intensa en esa y otras minas abandonadas durante los últimos 25 años, lo que requeriría que esas zonas fueran declaradas, bajo la ley de Superfondos de EEUU, como áreas contaminadas, lo que permitiría recibir unas cantidades muy sustanciales de fondos federales para cometer el proceso de limpieza".
Por ley de Superfondos, o Comprehensive Enviromental Response, Compensation and Liability Act. (CERCLA), se conoce la normativa aprobada el 11 de diciembre de 1980 y que, a través de un impuesto a las industrias químicas y del petróleo, proporciona, según la EPA, "autoridad al gobierno federal para responder a los vertidos que puedan poner en peligro la salud pública".
"Desafortunadamente", añade, "los residentes de esas áreas se han resistido con fuerza a la designación, temiendo que tenga impactos negativos tanto en el turismo con el negocio de la prospección de metales y la posibilidad de reabrir algunas de las minas abandonadas".
Respecto a la posibilidad de que la gente no haya sido suficientemente informada respecto a los riesgos que entraña la cercanía con los yacimientos clausurados hace décadas y sus piscinas de metales pesados, Tessing concluye que "el público en la zona está confundido, dado que no se sabe cuán extenso será el impacto ecológico del vertido, aunque sí que los metales pesados, como el arsénico, el plomo y el cadmio, son tóxicos tanto para los humanos como para los ecosistemas, y una exposición a largo plazo con cualquiera de ellas puede causar cáncer y lesiones en la piel, aparte de que también han sido asociados a problemas desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes".
