"Tras una campaña de diez años en la cual ha participado Amnistía y otras organizaciones civiles, el tratado negociado durante casi una década se aprobó recientemente, ha sido ratificado por unos 70 estados", y la reunión en la ciudad turística del Caribe mexicano será la primera conferencia de naciones firmantes.
"El centro de la propuesta es vigilar la transparencia y control de los Estados en comercio de armas, para evitar que esos arsenales lleguen a manos de criminales de guerra y violadores de DDHH", dijo el responsable del organismo con sede en Londres.
Amnistía y un grupo de organismos espera "incidir para que sean creados mecanismos internacionales de vigilancia adecuados y que los Estados parte los cumplan, para saber cuántas armas venden o compran, y cómo son controladas".
Países de América Latina, como México, Brasil y Venezuela; Jamaica en el Caribe; en Medio Oriente, como Yemen; y otros lugares en África como Sudán, son algunos de los focos rojos para las organizaciones que vigilan el comercio mundial de armas.
"Muchas armas provienen de comprar legales entre Estados, y son desviadas por falta de controles de parte de los vendedores y compradores, por fuerzas gubernamentales, como el caso de México", donde algunas armas han sido utilizadas por autoridades que han violado los DDHH, señala Quiroz.
La campaña por un TCA a "prueba de balas", se basa en exigir a los Estados el cumplimiento de altos estándares en las transferencias de armas, para evitar "el impacto devastador que la violencia armada tiene en las vidas de la gente común".
Una de las acciones exigidas consiste en que "los Estados informen sobre la forma en que se están adhiriendo a los nuevos criterios para las transferencias de armas y municiones".
En países como México, la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras, "ha causado un fuerte impacto en los niveles de violencia e inseguridad, la violencia armada ha cobrado miles de vidas a lo largo de los últimos años", comento el responsable del organismo.
La meta es "poner fin al sufrimiento humano causado por los flujos irresponsables de armas convencionales", dijo Quiroz.
Otra medida consiste en proporcionando la documentación del usuario final a los exportadores, para "limitar el número de armas y municiones, importadas legalmente, que terminan siendo desviadas a las manos de criminales", indican los organismos.
"Aún cuando el mayor problema de México, en relación a la violencia armada, proviene del tráfico ilegal desde EEUU, no podemos subestimar la importancia de vigilar las armas importadas legalmente para las fuerzas de seguridad del Estado", ha señalado Paulina Arriaga, directora de la ONG Desarma México.
En México, en los últimos nueve años, las policías de todo el país han reportado más de 17.000 armas de fuego como perdidas o robadas.
Entre 2001 y 2006, el 25 por ciento de los homicidios dolosos en México fueron cometidos con este tipo de armas, este porcentaje se elevó a 52 por ciento desde 2007 hasta 2012, y entre enero de 2013 y septiembre 2014 alcanzó el 55 por ciento.
En América, ya han ratificado el tratado Argentina, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, mientras que Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú, EEUU son signatarios.
