La Ley de Matrimonio Igualitario "ha generado una legitimación de esta agenda (de derechos sexuales); es imposible no reconocerlo en la medida en que hay acuerdos jurídicos que se establecieron en forma democrática, que garantizan que la existencia de estas poblaciones es real y además están en condiciones de igualdad jurídica", señaló este miércoles a Sputnik Nóvosti el activista por la diversidad sexual Diego Sempol.
"Que parejas del mismo género contraigan matrimonio en pequeñas localidades genera una revolución cultural en ese ámbito, porque relegitima a esas personas, al ser reconocidas por el Estado ante el resto de la sociedad", indicó.
La Ley de Matrimonio Igualitario fue aprobada por el Parlamento uruguayo en abril de 2013 con los votos de todos los partidos políticos.
La norma habilita el casamiento de las personas sin importar su identidad de género u orientación sexual. Cuatro meses después se celebró la primera boda de dos personas del mismo sexo.
La norma reconoce como "progenitores jurídicos" a los dos integrantes del matrimonio, aun cuando uno de ellos no sea el progenitor biológico, y habilita a los hijos a conocer, si así lo desean, la identidad de sus padres biológicos.
Pese a los logros, Sempol llamó la atención sobre "todo lo que falta por hacer" en materia de políticas públicas, por ejemplo, en educación.
Para el activista, el sistema educativo uruguayo mantiene "patrones que siguen invisibilizando la existencia de estos acuerdos jurídicos ya plasmados".
"Hay que repensar todo el sistema educativo para que sea efectivamente integrador de la diversidad sexual", afirmó.
Salud humanizada
La Administración de los Servicios de Salud del Estado estableció en mayo un protocolo de atención humanizada para las personas trans, que en los próximos meses incorporará la aplicación gratuita de terapias hormonales.
"Es un paso importantísimo para que la población trans pueda tener transformaciones corporales desde una perspectiva segura", que además "le permita generar ese tránsito identitario a nivel corporal" en condiciones "reconocedoras" de sus derechos, expresó Sempol.
Uruguay, Argentina, Brasil y Puerto Rico son los únicos países de América Latina cuya legislación habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo.
También lo autorizan algunos estados de México, así como la Guayana Francesa y la isla de Martinica, departamentos franceses de ultramar, sujetos a la legislación de Francia.