El cuadro, encontrado en un barco en la isla de Córcega, pertenece al banquero español Jaime Botin.
La obra está catalogada como "patrimonio de interés cultural" que no puede abandonar el territorio de España, según una decisión judicial.
En 2012 el propietario de la pintura solicitó autorización para llevarla a Londres, pero se enfrentó a la oposición del Ministerio de Cultura.
Actualmente las autoridades franceses esperan una solicitud oficial de extradición de la obra a España.