La moratoria turística que impuso a principios de julio la actual alcaldesa de Barcelona, la activista Ada Colau, durante un año se refiere solo a "determinadas licencias de proyectos hoteleros y a los apartamentos turísticos".
Según Rabell, quien también desde 2012 presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB) de la capital catalana, la Hacienda española detectó cruzando datos que operaban en Cataluña, pero sobre todo en Barcelona y en su área metropolitana, "unos 20.000 apartamentos turísticos ilegales, que no pagan impuestos".
"Hay una bolsa importante a detectar", denuncia a esta agencia el activista.
El representante de los vecinos explica que el actual modelo turístico de Barcelona, un sector que representa el 14% del PIB de la ciudad, "ha conllevado problemáticas que afectan al acceso a la vivienda".
Los problemas van más allá de "las molestias con el vecindario y problemas de convivencia".
La llegada masiva de visitantes a la ciudad provoca también problemas con el espacio público, "proliferación de las terrazas de los bares y restaurantes, problemas de masificación, demasiados hoteles en zonas muy masificadas" y también con el comercio de proximidad, reemplazado por cadenas nacionales e internacionales.
Por eso "es normal que se detecte una preocupación por el turismo, pero no en el sentido de turismo sí o turismo no", pero sí en el sentido de que "regulamos esto de alguna manera para que podamos convivir con ellos o el modelo de ciudad es muy complicado".
Los barceloneses han subido hasta la tercera posición el turismo como el problema "más grave" de la capital catalana, hasta el 5,3%.
Más de 120.000 personas trabajan en el sector turístico en Barcelona, en empleos de diversa calidad, una actividad que genera unos ingresos de 9.100 millones de euros al año.
La llegada de turistas a Barcelona no hace más que aumentar año a año: durante 2014, la ciudad recibió cerca de ocho millones de visitantes.
"No se trata de eliminar el turismo, sino de gestionarlo de una forma racional", insiste Rabell, que denuncia que "hay barrios que su morfología es incompatible con la existencia de pisos turísticos", como el barrio marinero de la Barceloneta, donde cada año los vecinos se manifiestan contra esta proliferación de este tipo de apartamentos.
El decálogo de la Federación de vecinos para ordenar el turismo es amplio.
Así, proponen normativas medioambientales para los cruceros o limitar la circulación de automóviles y que los turistas se desplacen al centro en transporte público.
También apuestan por un freno en la masiva llegada de visitantes: "Nadie discute que el turismo representante una parte importante del PIB ni que pueda disminuir", señala Rabell.
Rabell está totalmente de acuerdo con la moratoria turística del Ayuntamiento, a pesar de las críticas del sector hotelero, "un lobby acostumbrado a mandar en esta ciudad" y que ya se opuso a la tasa turística que hoy funciona en la ciudad y que no ha mermado la llegada de visitantes.
El activista reclama ordenar un modelo que puede acabar engullendo la metrópoli, aunque reconoce que "el turismo implica problemáticas mucho más complejas que necesitarán años para encontrar una solución".