Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas —dependencia estatal-, medio siglo de conflicto armado dejó más de siete millones de víctimas.
De estas, casi seis millones están registradas como "víctimas sujeto de asistencia y reparación" por parte del Estado, de las cuales el 86% corresponden a desplazados.
Una ley votada por el Congreso en el 2011 consagra los derechos de las víctimas, pero el alcance de la normativa es uno de los temas de discusión entre el Gobierno y las FARC.
Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dijo a Sputnik Nóvosti que la ley implica un esfuerzo enorme ya que en cuatro años han sido indemnizadas unas 500 mil personas.
Críticas por bajas indemnizaciones
El senador opositor Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (centroizquierda), cuestionó el monto "supremamente limitado" de las indemnizaciones y dijo que el proceso de restitución de tierras a los desplazados del conflicto "se ha dificultado enormemente".
Por su parte, Gaviria respondió que las críticas están originadas por las "enormes expectativas de que se responda de una manera rápida a todas las personas que han esperado durante mucho tiempo", pero aseguró que la respuesta del Gobierno colombiano "ha sido muy superior en términos de cobertura y calidad en relación a otros países del mundo" que han atravesado por procesos de reparación de víctimas.
Una fuente de la presidencia de Colombia que participa en las negociaciones de La Habana señaló a Sputnik Nóvosti que "es posible que del acuerdo se deriven modificaciones a la ley (…) en ningún caso estaría dispuesto a aceptar modificaciones que reduzcan la satisfacción de los derechos de las víctimas".
Nuevos derechos para las victimas
Para el director del Codhes, las negociaciones en este punto estarán basadas en determinar "si el proceso de paz podrá ofrecer nuevos derechos, nuevas ventajas a las víctimas, aparte de las que se han conquistado a través de la ley".
"En la medida que los acuerdos reconocen nuevos derechos, se tiene que cambiar la ley a futuro, como una condición para implementar esos acuerdos", agregó Romero en declaraciones a Sputnik Nóvosti.
El Gobierno y las FARC están actualmente en el ciclo número 38 de negociaciones, que comenzó el pasado 17 de junio y se extenderá, en principio hasta el 13 de julio.