"Malas políticas públicas, perversas, malintencionadas, contribuían al fenómeno. Esto es clave, porque es fundamental para determinar la responsabilidad del Estado en la comisión de estos delitos", dijo Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
"No es simplemente que unos malos militares hubieran abusado del poder", agregó.
Sin embargo, el experto no cree que hubiera una política de Estado.
"No la había. Lo que sí hubo fue un conjunto de políticas públicas que facilitaban la comisión de estos delitos, y eso implica responsabilidad estatal", añadió.
Altos mandos sin azucar
"La publicación ilustra claramente que no se trató de casos aislados y desviados sino de una política institucionalizada en las fuerzas militares que se aplicó de forma sistematizada durante varios años, con miles de víctimas", declaró.
El informe de HRW vincula a altos mandos de las Fuerzas Armadas colombianas con la ejecución de miles de civiles falsamente presentados como guerrilleros ocurrida entre 2002 y 2008, caso conocido como el de los "falsos positivos".
La justicia colombiana investiga al menos 3.000 casos de civiles ejecutados bajo la falsa acusación de ser guerrilleros y haber sido asesinados en combate, publica HRW. Más de 100 soldados de los rangos más bajos han sido condenados, pero los cargos más altos no han sido juzgados, subraya HRW.
"Reabrir el caso, donde lo que más se destaca es la presunta implicación de un buen número de generales y militares de alta graduación, es importante, porque hasta ahora los condenados en el caso son soldados y oficiales de bajo rango", explicó Zuluaga.
Informe coincide con proceso de paz
"Y esa es una posición equivocada, lejos de debilitar al Estado colombiano, investigar estos casos lo fortalece", añadió.
La importancia de este informe, en su opinión, es que "si bien no aporta muchos elementos novedosos, lo publica una organización internacional que tiene un prestigio y una influencia muy importantes en Estados Unidos y algunos países de América Latina".
"Y además el momento es muy oportuno, porque se está negociando con la guerrilla La Habana, lo que implica definir responsabilidades de guerrilleros, militares y autoridades en esta guerra", dijo.
Para Zuluaga, "en el ámbito político, las consecuencias de este informe van a la necesidad de insistir en una responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos. Este informe va a contribuir a presionar a la fiscalía para que se aceleren las investigaciones, sobre todo en responsabilidades políticas y militares.
Sin embargo, Jorge Restrepo no cree que esto implique consecuencias para el presidente Juan Manuel Santos, que fuera ministro de Defensa desde julio de 2006 a mayo de 2009, durante el gobierno de su antecesor, Álvaro Uribe.
"El presidente Santos dio la orden para que se llevara el tema a la Justicia, y adicionalmente estableció una política en materia de Derechos Humanos que sirvió para reducir y casi parar en seco estos delitos", explicó. Además, "un ministro de Defensa no tiene responsabilidad directa ni inmediata".
"Uno de los elementos clave que condujeron a este problema tiene que ver con una política de incentivos para operaciones militares, que daba beneficios a militares que presentaran resultados: vacaciones, puntos para ascensos, ciertos beneficios económicos" dijo.
Para Restrepo, "este es un caso de una pésima política pública para la conducción de una guerra interna". "No hubo precauciones para que el uso de la fuerza estatal no desembocara en esto", explicó.
