"Se trata de un paliativo; recurrir al ejército es una estrategia del gobierno que ya hemos visto en más ocasiones, porque los sectores más conservadores de la sociedad lo valoran positivamente", dijo a Sputnik Nóvosti el coordinador de investigaciones de la Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), Lester Ramírez.
"Pero en realidad los militares no están preparados para ser gestores de hospitales", añadió.
En las últimas semanas la situación se agravó por el continuo desabastecimiento, los sobreprecios, el robo y la mala administración de los fármacos que se distribuyen y venden en los hospitales.
"En los hospitales todo se complicó con la epidemia de chikungunya y dengue, ya que no teníamos acetaminofén (paracetamol, un fármaco analgésico) para suministrar a los pacientes", dijo a Sputnik Nóvosti el presidente del Colegio de Médicos de Honduras, Elmer Mayes.
"Después se encontró una reserva grande de medicamentos que iba a ser distribuida presuntamente de forma corrupta y, a raíz de eso, se ordenó la militarización", relató el médico.
Meyes consideró lamentable que las instituciones "no tengan autonomía" para solucionar estos problemas y deban recurrir a los militares, "quienes cometen abusos al tratar con los civiles".
"Los casos de corrupción siguen ocurriendo, así que uno se pregunta qué se logra con todo esto", cuestionó.
La ASJ fue más lejos al señalar que el objetivo final de estas medidas es privatizar el sistema sanitario.
El gobierno ordenó el 17 de junio el despliegue, sin plazo de finalización, de 470 efectivos del ejército y de la Policía Militar del Orden Público en 10 hospitales y tres centros de salud, con el fin de que supervisaran la entrada y salida de medicamentos.
LAS PROTESTAS CONTINUAN
Mientras tanto, Honduras sigue sacudida por una oleada de manifestaciones que comenzaron en mayo, impulsadas desde las redes sociales por un movimiento de "indignados" y en reclamo del fin de la corrupción y de la impunidad.
Para este viernes 26 está convocada una nueva marcha de protesta, esta vez hasta la casa presidencial, donde están acampados y en huelga de hambre varios activistas que requieren una investigación a fondo del escándalo del IHSS y la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, similar a la que funciona en la vecina Guatemala, con auspicio de la Organización de las Naciones Unidas.
Según medios de comunicación hondureños, el lunes por la noche presuntos paramilitares atacaron a los acampados frente a la sede presidencial, y uno de los activistas sufrió lesiones y debió ser ingresado en un hospital.