Televisa ha difundido la foto de la diputada y abogada, tomada por una cámara de seguridad, ingresando al penal; además ha publicado la copia de la credencial de elector apócrifa a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez, con su fotografía.
La filtración de la investigación también ofrece dos fotos tomadas por las cámaras del penal el día de la cita del jefe narco con su novia –según sus confesiones-, separados por una rejilla de seguridad y con la presencia de un guardia de la prisión, a la cual asistió además el abogado del narco.
El objeto de la visita en septiembre del año pasado fue el trámite de traspaso de un terreno y la cesión de bienes del capo a la diputada, tales como un rancho, camiones de transporte y ganado, según las pesquisas de las autoridades federales.
La diputada se encontraba embarazada de su segundo hijo en aquella ocasión –ahora con seis meses de edad-, y de acuerdo con el custodio que vigiló la cita en la cárcel de alta seguridad, además del traspaso de las propiedades, ambos hablaron del interés de que el niño naciera en EEUU.
El principal narcotraficante oriundo de Sinaola, habría conocido en una fiesta en Cosalá a la diputada en el mismo mes de julio de 2013, quien logró una curul en el Congreso de ese estado del noroeste de México con costas al Pacífico, en una peculiar campaña apoyada por la coalición del PAN con partidos de izquierdas, de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).
Seis meses después de esa fiesta, en enero de 2014, fue asesinado el esposo de la diputada, Rubén Chávez.
Un mes más tarde, en febrero de 2014, el Chapo fue arrestado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, considerado como el hombre más buscado por México y EEUU, con una fortuna estimada en 1.000 millones de dólares por la revista Fortune, quien se había fugado de una cárcel de alta seguridad en 2001, oculto en un carro de ropa sucia, luego de estar en prisión desde su primer arresto en Guatemala en 1993.
Una hermana de la diputada había sido asesinada diez meses antes que su esposo fuera acribillado a balazos, y en junio de ese mismo año el Ejército arrestó a uno de sus colaboradores.
"La calumnia pone en riesgo mi vida y la de mis dos hijos de ocho (años) y seis meses de edad, hijos de mi esposo ya fallecido", leyó la joven legisladora en su posicionamiento.
La diputada responsabilizó a otra legisladora federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante) Elena Corrales, "de lo que me ocurra a mí o a mis hijos o a cualquier integrante de mi familia".
La legisladora del PRI en el Congreso federal desmintió este viernes la acusación y también dijo que temía por su vida y su familia, en una entrevista con el noticiario nacional Imagen.
El PAN se limitó a precisar que la diputada de la coalición plural de izquierdas y derechas —que fue financiado por el narcotraficante, según su confesión-, "no es militante del partido y se mantendrá atento a la evolución de las investigaciones".