"Hay mucha confusión y mucha desinformación" sobre el impacto ambiental del Canal Interocéanico, dijo a Sputnik Nóvosti la vicepresidenta de la Fundación Nicaragüense por el Desarrollo Sostenible, Rosario Saenz.
Saenz señaló que el Gobierno aún no ha dado una respuesta oficial sobre los resultados del estudio de impacto ambiental y social que le entregó la empresa china HKND, encargada del proyecto.
El 31 de mayo, la empresa HKND presentó al Gobierno de Nicaragua un informe de impacto ambiental y social realizado por la consultora inglesa Environmental Resource Management.
El documento, que consta de catorce volúmenes, no fue hecho público por el Gobierno nicaragüense, que tampoco se ha pronunciado al respecto.
Régimen jurídico ya aprobado
En junio de 2013, la Asamblea Nacional (Parlamento nicaragüense) aprobó el régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico.
Cuestionan que se le permita a la empresa china contar con un régimen jurídico especial para el funcionamiento del Canal, diferente a la normativa vigente en el país.
"Existe un artículo que permite a la empresa usar la reserva del Banco Central de Nicaragua cuando se requiera; las reservas son sagradas en cualquier lugar del mundo", dijo a la prensa local el diputado José Torres, del opositor partido Movimiento Renovador Sandinista (socialista)
Saenz, por su parte, dijo que la ley le otorga a la empresa "todo el territorio nacional".
El proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua consiste en una obra tres veces más grande que la que funciona en Panamá.
Se estima que anualmente pasarán por el Canal unos cinco mil barcos.
El pasado sábado, las organizaciones que se oponen a la construcción del Canal, realizaron una marcha en la ciudad de Juigalpa, a unos 140 km al este de la capital Managua.
Se estima que unas 15.000 personas participaron de la movilización, en mayoría agricultores y productores que se verán perjudicados por el proyecto.
