En particular, el documento prohibía a las compañías de estos países y sus filiales rusos ofrecer servicios en el ámbito jurídico y de auditoría a clientes rusos. Según los autores de la iniciativa, la medida estaba relacionada con alta presencia de empresas extranjeras en la consultoría.
"Las enmiendas serán difíciles de implementar en práctica y además impedirán a las legaciones diplomáticas y consulados de Rusia comprar estos servicios (jurídicos y de auditoría) en el extranjero", explicó el Comité de política económica del Legislativo el motivo del rechazo.
La guerra de sanciones entre Rusia y Occidente se desató por la presunta implicación de Moscú en la crisis en Ucrania y la reincorporación de Crimea en marzo de 2014.
En enero de 2015, el Parlamento ucraniano definió a Rusia como país agresor por "respaldar el terrorismo" en el este de Ucrania.