De los 2.600 muertos, 1.250 eran miembros de la Hermandad Musulmana, 700 eran las fuerzas de seguridad y 550 eran civiles sin afiliación, según un informe emitido hoy por el CNDH.
Las autoridades egipcias llevaron a cabo una ofensiva feroz contra los islamistas desde que el presidente Mohamed Mursi, islamista, fue derrocado en julio del 2013 por un golpe de estado que siguió a protestas masivas contra su gobierno.
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El país también lucha contra algunas formaciones de línea dura, entre ellas Ansar Beit al Maqdis, afiliada al grupo yihadista Estado Islámico (EI), en la conflictiva región del norte del Sinaí. Los insurgentes han llevado a cabo numerosos ataques que han matado a cientos de policías y soldados egipcios y también a varios civiles.
El CNDH ha indicado que desde junio del 2013, las organizaciones de derechos humanos estiman que entre 80 y 98 personas murieron mientras estaban detenidas en comisarías o en cárceles. Sin embargo, el ministerio del Interior sólo ha reconocido la muerte de 36 detenidos.
"Es cierto que no hay nada que demuestre que murieron a causa de las torturas que les infligieron, pero tampoco hay pruebas de lo contrario”, afirma el CNDH en su informe, que indica que los fallecimientos de la mayoría de arrestados se produjeron por "condiciones de vida y de salud pobres", así como por el hacinamiento en los centros de detención temporal en las comisarías y prisiones.
El informe señala que el nivel de hacinamiento, según las estadísticas del ministerio del Interior, ha llegado a 400% en las comisarías de policía y 160% en las cárceles.
El informe también señaló que entre junio de 2013 y diciembre de 2014, los períodos de detención en espera de juicio se extendieron de manera significativa provocando que “las detenciones previas al juicio fueran un castigo en sí mismas".
El informe también reitera las llamadas a modificar la denominada ley de protesta, aprobada en noviembre del 2014 y que obliga a un período de notificación previa de tres días a las autoridades antes de organizar la protesta y castiga a cualquier persona que no obtenga permiso a entre uno y tres años de prisión.
El CNDH, que es semi-oficial, ha presentado copias de su informe al presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi —líder del golpe contra Mursi-, el primer ministro, Ibrahim Mahlab, y el ministro del Interior, Magdy Abdel-Ghaffar.