El saldo desigual del choque armado en un rancho en Tanhuato, Michoacán, ha despertado sospechas de excesos en el uso de la fuerza del Estado, tal como ocurrió en la masacre del municipio Tlatlaya, en el estado de México en junio pasado, cuando murieron 22 sicarios y solo un soldado resultó herido; pero una investigación independiente reveló que al menos 12 pistoleros se rindieron y fueron ejecutados a mansalva por los militares.
HRW pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen sin demoras y negligencia.
"Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la procuradora general de la República, Arely Gómez, debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos", señaló el organismo con sede en Nueva York. La versión oficial indica que los policías fueron atacados por los civiles armados y rechazó que se tratara de una ejecución.
Esa mafia ha atentado contra el jefe de las fuerzas federales conjuntas en marzo, el mes pasado emboscó y mató a 15 policías y hace dos semanas derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes, donde murieron 9 miembros de tropas especiales entre otras acciones con gran despliegue operativo.
