Así, el jefe de la oficina rusa de esta ONG, Serguéi Nikitin, recordó que de acuerdo con las normas del derecho internacional el periodo de detención preventiva es de 72 horas, mientras Kiev propone extenderlo hasta 30 días.
"Este periodo de 30 días es una violación de los derechos humanos", constató.
Nikitin indicó que aunque Kiev justifique la medida por el estado catastrófico de la población en Donbás, es poco probable que el TEDH la reconozca.
Según Nikitin, al aprobar la resolución Kiev pone en tela de juicio el derecho a la vida y prevención de la tortura.
Subrayó que las torturas están prohibidas en todo el mundo.
Antes Amnistía Internacional denunció abusos y torturas a prisioneros en Ucrania y llamó a ambos bandos del conflicto en Donbás a impedir crímenes de este tipo.
Anteriormente, la directora de programas de la representación en Moscú de Human Rights Watch, Tatiana Lokshina, recordó a RIA Novosti que el presidente ucraniano Petró Poroshenko, ya firmó el año pasado un decreto según el cual Ucrania renuncia a ciertas obligaciones internacionales en materia de derechos.
Lokshina indicó que la mencionada derogación no puede ser absoluta y está autorizada solo en casos exclusivos y situaciones de emergencia.
Indicó que Kiev deberá detallar todas sus acciones y precisar cómo y en qué grado renuncia a sus obligaciones no solo ante la ONU sino también ante el Consejo de Europa y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE).
El jueves pasado la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) aprobó una resolución según la cual Ucrania hace uso de su derecho a incumplir las obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos en la zona de la operación especial en el este del país.
De acuerdo a la nota explicativa del documento, varias leyes aprobadas a raíz de la operación en Donbás son "incompatibles" con los compromisos que Ucrania asumió al ratificar estas normas internacionales, así como la Carta Social Europea.
El Ministerio de Exteriores de Ucrania deberá notificar al secretario general de la ONU y al titular del Consejo de Europa la declaración aprobada.
