La transparencia empodera a los ciudadanos para exigir que rindan cuentas las autoridades y busca que el Estado mexicano "adopte el nuevo paradigma de los Gobiernos Abiertos", dijo el mandatario en el Palacio Nacional ante los titulares de todos los poderes del país.
"Los Gobiernos Abiertos son la nueva frontera de la democracia, son un modelo colaborativo que está transformando la manera en que interactúan ciudadanos y autoridades", señaló el presidente.
Según el líder mexicano, el país adopta el nuevo estándar internacional "de corresponsabilidad al que aspiran los gobiernos y sociedades del mundo, y en el que México hoy tiene una responsabilidad mayor, como Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto".
Los recientes escándalos de mansiones comparadas por el presidente, su esposa y miembros de su gabinete a contratistas del Gobierno han desatado una ola de críticas en la prensa nacional, medios extranjeros y el Congreso.
La corrupción costó al país latinoamericano más de 20.000 millones de dólares en 2014, indica un análisis del Observatorio Económico "México ¿Cómo vamos?".
Peña Nieto destacó los seis puntos más relevantes, encabezados en primer lugar, por la obligación de autoridades, a transparentar la información pública que posean; y obliga también a órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona o sindicato, "que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad".
En segundo lugar, regula los medios y bases de impugnación; y, —en tercer lugar- amplía la obligación de transparentar información pública de oficio, al establecer 50 preceptos comunes a todos los sujetos obligados a la transparencia.
En cuarto lugar, se elevan los requisitos para poder reservar información temporalmente: "no podrá clasificarse como reservada la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad".
"Fortalece –en quinto lugar- los medios de defensa de los particulares que solicitan información", con 15 nuevas causas para sancionar a los funcionarios que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente información pública.
Y finalmente, en sexto lugar, la Ley amplía la participación ciudadana en favor de la transparencia mediante Consejos Consultivos "integrados por consejeros honoríficos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia, con acreditada experiencia en la materia".
La Ley es un avance para combatir la corrupción, pero el desafío real es su implementación, dijo en fecha reciente a Sputnik Mundo la coordinadora del programa de Rendición de Cuentas de la organización independiente Fundar, Justine Dupuy.
La ley establece que no sólo los funcionarios públicos serán sujetos obligados a la transparencia, "sino también los sindicatos, los partidos, los fideicomisos con dineros públicos, que antes no daban información, que se ocultaban por el secreto bancario", explicó la responsable de despacho de Transparencia en Fundar.
El país latinoamericano ocupa el lugar 103 de 174 naciones evaluadas por el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, comparte la ubicación en esa tabla con Bolivia y se encuentra 82 posiciones atrás de Chile, 34 después de Brasil.
