En una ley aprobada la noche del miércoles por la Cámara Alta, que aún debe ser promulgada por el presidente de la República, Enrique Peña, los legisladores se propusieron "revertir la opacidad y corrupción, para recuperar la confianza ciudadana".
El Senado aprobó casi por unanimidad "en lo general", la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 110 votos a favor, uno en contra, y una abstención.
Entre los sujetos públicos que estarán obligados a ofrecer información están los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como partidos políticos, sindicados y fideicomisos, entre otros.
De esta manera, en México será obligatorio ofrecer información sobre la disposición, manejo y uso de los recursos públicos.
Los senadores consideran que la opacidad y corrupción ha puesto en grave riesgo el sistema democrático, pues sólo 37% de los mexicanos piensa que la democracia es preferible a otro sistema de gobierno.
La impunidad de la corrupción es tal que en la última auditoría federal del gasto público se descubrieron unos 2.000 casos de irregularidades pero sólo siete fueron sancionados, según los diputados.
La corrupción le cuesta a México cada año 100.000 millones de dólares de acuerdo con el Partido Acción Nacional, y el país ocupa el lugar 103 de 174 naciones evaluadas por el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.
El país latinoamericano comparte posición en la tabla con Bolivia, Moldavia y Níger a nivel mundial y en América Latina se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil, siendo el peor de los 34 países de la OCDE.
