En concreto, los recortes aplicados al Régimen Adicional de Servicio (RAS) obligará a reducir el número total de policías adscritos al programa de 1.550 a 620, es decir, 930 agentes menos patrullando debido a que al tratarse de un programa voluntario, para suplir la falta de personal en determinadas áreas de la ciudad, los agentes recibían el pago de horas extras.
Por tanto, una noticia nefasta en la ciudad de Río de Janeiro debido a los recientes datos del Instituto de Seguridad Pública que calcula un aumento de la criminalidad en torno al 34%, especialmente en el número de atracos a mano armada y robos de vehículos.
Este mismo fin de semana, la Policía Militar de la ciudad aumentó su patrulla con 28 nuevos agentes y 6 vehículos en las calles del centro de la ciudad después de que un grupo de 11 menores armados con navajas sembrasen el caos atracando a vecinos y turistas en la zona histórica de la ciudad, una circunstancia que ha provocado 109 menores detenidos en 2015.
Las precarias situaciones que enfrentan algunas de las UPP y agentes de la Policía Militar, unido al repunte de la agresividad del narcotráfico, causaron la triste cifra de 114 agentes asesinados en el estado de Río de Janeiro únicamente en 2014, hecho denunciado por el presidente de la Asociación de Policias y Bomberos Militares (ASPRA), Vanderlei Ribeiro, al decir que "las pobres condiciones de trabajo de la Policía Militar son insuficientes para atender a la población".
A su vez, el departamento de prensa de la Policía Militar de Río de Janeiro desmintió que el recorte en el número de agentes comprometerá la seguridad ciudadano y aseguró mediante un comunicado oficial que "la reducción del RAS no perjudicará a las patrullas" y que "el número de patrullas está siendo distribuido para redimensionar el efectivo y hacerlo más eficiente".
A apenas 15 meses de la celebración de los Juegos Olímpicos de Río 2016 la crisis se ha dejado sentir en el deterioro de la situación social de la ciudad como consecuencia de los despidos masivos en el sector de la construcción y los servicios, todo ello unido a una inflación de 8,26% que comienza a destruir el tejido de clase media logrado desde 2003.
