"Desde la sociedad civil instamos a que el Congreso legisle a la brevedad una ley general que unifique los criterios sobre el combate a la tortura –dijo Brewer–, y acepte la definición internacional de desaparición forzosa", que supera la figura del fuero común de secuestro, porque aquella involucra la participación de agentes del Estado y son crímenes de lesa humanidad que no prescriben nunca.
La coordinadora del área internacional del jesuita Centro de DDHH "Agustín Pro SJ", organismo no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU y acreditada ante la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, recordó vía telefónica que los organismos mundiales ante los cuales México tiene compromisos han señalado esos dos vacíos de la legislación mexicana.
Brewer acompañó a principios de este año en su viaje a Ginebra a los familiares de los 43 estudiantes de la escuela rural de maestro de Ayotzinapa al primer examen de México en el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, que emitió recomendaciones ahora recogidas "por un amplio grupo de organizaciones" que asistieron la cita.
Por su parte, un grupo de expertos de la CIDH también ha hecho el mismo señalamiento y el relator de la ONU contra la Tortura, el abogado Juan N. Méndez –él mismo víctima de torturas durante la última dictadura en Argentina– tuvo su encontronazo con el gobierno mexicano por su informe sobre ese flagelo en este país latinoamericano.
Un problema de México reconocido en esas instancias internacionales es que en el registro oficial de 25.000 de desparecidos o "personas no localizadas" en los últimos ocho años, existe un subregistro importante: varias ONG que llevan casos de desaparecidos constataron que solo un porcentaje mínimo de las víctimas en sus registros está incluido en esa lista oficial", dijo la especialista.
El universo de desaparecidos puede ser mayor, algunos organismos solo localizaron a la mitad de sus casos en esa lista, pero también algunos casos esclarecidos deberían salir de esas cifras oficiales, aclaró Brewer.
"México ha tenido hace varios años leyes contra la tortura, pero ni siquiera a nivel federal la definición de tortura corresponde a los estándares globales, y la decisión de las comisiones del Senado –anunciada la noche del miércoles– de instar a una reforma, es una gran oportunidad para armonizar los criterios sobre las grave violaciones a los DDHH" en todo el país, puntualizó
La definición de tortura no es unificada en México, "es diferente dependiendo del Estado del país (con 32 provincias) donde se cometa", algunas leyes de los Estados de la Federación mexicana "omiten elementos de los tratados internacionales, eso dificulta encuadrar esos actos a nivel de Estado", cuando se examina el caso de México.
"No tiene sentido seguir discutiendo sobre si la tortura es un hecho reiterado, generalizado o sistemático" como el tema que atrajo la disputa entre el gobierno de Enrique Peña y el relator la ONU.
En el país "urgen acciones en contra de ese patrón, y aunque es muy pronto para ofrecer un diagnóstico apoyamos una reforma y esperamos que cualquier en el papel cambie la realidad y modifique en la práctica, es un paso necesario pero no suficiente", remató.
Dos comisiones del Senado de México acordaron en la víspera emprender una reforma de la Constitución para permitir al Congreso federal expedir una ley general sobre derechos de las víctimas de desaparición forzada y torturas.
El objetivo del dictamen aprobado por los senadores y turnado al Pleno del Senado, busca debatir una reforma constitucional para garantizar "el respeto a la dignidad humana y expedir normas constitucionales y legales que permitan a las personas invocar la protección del orden jurídico y acudir ante las instituciones facultades para asegurar sus derechos", dice el documento votado.
