"Nosotros lo que estamos planteando es que se pueda hacer una revisión exhaustiva de los fondos que aporta EEUU a través del Plan Mérida (…); por un lado estamos haciendo un cabildeo con los congresistas, con del Departamento de Estado, y por otro con otras autoridades en la dirección hacia el Plan Mérida", dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos a la mexicana Radio Fórmula desde Washington.
Indicó que visitarán a sus contrapartes de la comunidad mexicana en EEUU, en Washington, Chicago, Nueva York, donde "tenemos un número grande mexicanos, también de guerrerenses, vamos haciendo contacto para irles dando información de primera mano, actualizando las cosas, decir que el caso Ayotzinapa sigue, que no está cerrado, que no hay verdad histórica", como concluye la Procuraduría federal de México.
La delegación ofreció sus testimonios a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el viernes pasado, luego que una misión de expertos de ese organismo terminó su primera gira de una misión de seis meses.
El gobierno de Enrique Peña respondió el lunes que la CIDH a esa recomendación para no utilizar la figura convencional de homicidio o secuestro, no está dirigidas al Poder Ejecutivo mexicano, sino al Poder Judicial.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales de la cancillería, Manuel Gómez Robledo, dijo que "un país donde hay división de poderes le corresponde al Poder Judicial valorar el alcance de esas recomendaciones".
La partida para la Iniciativa Mérida antidrogas financiada por EEUU, se redujo a casi a la mitad en 2015, unos 80 millones de dólares, tras haber alcanzado 148 millones de dólares durante 2014, y está vigente desde 2008, en una adaptación del Plan Colombia antinarcóticos.
