En la segunda jornada de la vista, celebrada este lunes en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, el abogado de Troitiño denunció la existencia de una "tendencia" en España que "se traduce en extrañas decisiones judiciales" en casos criminales relacionados con ETA.
De acuerdo con Mark Summons, la presión pública española en torno a la excarcelación de terroristas que han cumplido la condena impuesta originalmente desencadena un proceso político que genera, a su vez, "sospechosos" dictámenes judiciales.
El letrado británico argumentó con estas serias alegaciones que el renovado proceso contra Troitiño, a quien España reclama desde junio de 2012, es una maniobra de "ingeniería judicial" y un "abuso de proceso".
El Alto Tribunal de Gran Bretaña denegó la extradición original en octubre de 2013, cuando los jueces en Derechos Humanos de Estrasburgo fallaron en contra de la llamada doctrina Parot sobre el cómputo total de años en prisión que han de cumplir veteranos presos etarras.
La Audiencia Nacional de Madrid presentó entonces una segunda solicitud a Londres – por presunta reinserción de Troitiño a ETA y documentación falsa– que perdió el pasado octubre por un error en la tramitación.
Esta tercera ocasión, que está atendiendo el juez Howard Riddle en el Tribunal de primera instancia de Westminster, Summons alegó que dichos delitos son injustificables.
Según defendió el abogado de Troitiño, España los "confeccionó después de perder" el mencionado caso en la Corte Europea de Derechos Humanos.
Ben Lloyd, abogado de la fiscalía británica, advirtió por la tarde que "la independencia judicial en España no se está juzgando" antes de rebatir la alusión de "ingeniería judicial" como motivo del proceso contra el ex miembro del comando Madrid de la banda armada.
El letrado también informó que la "fiscalía española rechaza entablar ninguna discusión sobre el llamado ´proceso de paz´ de ETA".
La organización vasca declaró el "cese definitivo de sus actividades" en octubre de 2011, pero según recordó Lloyd, "España no acepta que ETA se ha disuelto".
El principio de mutua confianza en los sistemas judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea avala una vez más el groso de argumentos de los representantes legales de España en Londres.
Pero Reino Unido enmendó, en 2014, la legislación de extradición para limitarla a individuos que han sido procesados en el país reclamante o cuando la decisión de procesar no se pudo tomar debido únicamente a la ausencia del sospechoso.
Este punto novedoso está ahora en disputa entre las partes enfrentadas y puede ser el factor que incline la balanza por encima del resto de los argumentos escuchados en las dos jornadas de vista pública.
El magistrado Riddle suspendió ayer la sesión, tras cerca de seis horas de reñidas alegaciones, y dejó el caso listo para sentencia el próximo 14 de abril.
