Por tanto, resta al Ministerio de Justicia de Italia decidir si se hará efectiva, en el plazo de tres semanas que estipula la Ley, la extradición de Pizzolato, quien se entregó voluntariamente a las autoridades del país poco después de que estas aprobasen el recurso de extradición.
Pizzolato fue uno de los grandes condenados en el caso de las mensualidades o Mensalao, en referencia a los sueldos extraoficiales que recibían algunos diputados por votar a favor de los proyectos del Partido de los Trabajadores, según la sentencia de 2012 del Tribunal Supremo Federal de Brasil, el banquero había cometido delitos de corrupción y blanqueo de capital por lo que fue condenado a 12 años y 7 meses de prisión.
Meses después, en 2013, mientras sus últimos recursos eran agotados ante el STF, Pizzolato utilizó documentos falsos y su doble ciudadanía italobrasileña para huir a Italia donde finalmente fue detenido en febrero de 2014 por falsedad documental.
La polémica entre Brasil e Italia surgió cuando el 28 de octubre la Corte de Bolonia liberó a Pizzolato al negar la extradición a Brasil del banquero alegando el peligro de muerte para el detenido y las condiciones infrahumanas de los presidios en el país sudamericano, una situación que recogen los informes de las Naciones Unidas y múltiples organizaciones no gubernamentales.
En el fondo, en la decisión de la Justicia de Italia pesó el antecedente del activista italiano de ideología anarquista, Cessare Battisti, quien se refugió en Brasil en 2007 y cuyo pedido de extradición a pesar de haber sido aprobado por el STF fue sistemáticamente denegado por el Gobierno del expresidente Lula da Silva, finalmente el 8 de junio de 2011 el STF liberó a Battisti quien permanece en Brasil en condición de refugiado.
