"Era tan alarmante la situación en materia de seguridad en esos municipios, que el crimen organizado decidía quién iba a ser el jefe, qué operativos se iban a realizar, y lo peor es que sólo la identificación personal era la diferencia entre un delincuente y un policía", dijo en una comparecencia ante el Senado Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
En Iguala y Cocula, por ejemplo, donde dos autobuses repletos de estudiantes fueron atacados por policías y narcos confabulados con autoridades, el 26 de septiembre pasado, "los elementos policíacos estaban directamente bajo las órdenes de los grupos criminales", dijo el funcionario federal a cargo de la investigación del caso.
La situación era insostenible en esos municipios intervenidos desde finales de 2014, que conforman una región montañosa conocida como Tierra Caliente de Guerrero, cooptados por la delincuencia organizada.
La diferencia que las autoridades encontraron entre delincuentes y policías era solo la identificación personal "porque en el camino los que mandaban eran los dirigentes del crimen organizado", ilustró el jefe de investigación criminal federal.
Zerón respaldó ante el Congreso un decálogo de reformas impulsadas ante esa crisis por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia, que contempla la intervención federal en aquellos municipios infiltrados por el crimen organizado.
El proyecto de Peña consiste en la creación de 32 instituciones policiales únicas, una en cada Estado de la República mexicana, bajo el mando de los gobernadores, con un servicio civil de carrera con buenos salarios y prestaciones para los uniformados.