Estudios gubernamentales sobre seguridad revelan que "un 75 por ciento de los 2.457 municipios del país" están expuestos a "la infiltración del crimen organizado", dijo David Arellano, director de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Interior).
Alrededor de 1.854 municipios "cuentan con pocas herramientas ante la penetración del crimen organizado", dijo el alto cargo federal ante los legisladores.
El funcionario hizo esa revelación en una audiencia del Senado para debatir un decálogo de reformas en seguridad y justicia, presentado en diciembre por el presidente Enrique Peña para enfrentar el crimen y la corrupción, a raíz de la masacre de estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, a finales de septiembre de 2014.
Por esa razón, la iniciativa del presidente Peña plantea "la intervención del gobierno federal en los municipios dónde sus autoridades estén vinculadas con el crimen organizado, y no tiene el objetivo de desaparecer este nivel de gobierno sino asumir sus funciones temporalmente", explicó.
Las acciones de la delincuencia organizada, dedicada al narcotráfico, el secuestro y el tráfico de personas "en los municipios afecta su actividad económica, social, cultural y política", señaló el funcionario del gobierno.
"No se trata de disolver el municipio, se trata de asumir funciones del municipio durante un tiempo determinado, con el fin de la entrega y devolución del municipio a otras autoridades", explicó.
De acuerdo con la reforma que propone Peña, esa intervención federal de las policías y autoridades municipales sería de "carácter extraordinario, y no de uso sistemático, cuando se tengan los elementos de infiltración de la delincuencia en una alcaldía".
