El presidente de México, Enrique Peña, dio un giro a su estrategia de gobierno acosado por la violencia, al lanzar este jueves un plan de 10 acciones contra el crimen, la corrupción y la pobreza, como respuesta a la crisis política por la desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes rurales.
Peña presentó un plan urgente para reforzar la debilitada seguridad, la deficiente impartición de justicia y el acosado Estado de Derecho.
La nueva estrategia abandona el énfasis en reformas estructurales en la economía al tope de su agenda, con pivote en la abolición del monopolio estatal petrolero de 76 años, a dos meses de la tragedia de Iguala, cuando los alumnos indígenas de la escuela de maestros de Ayotzinapa fueron atacados por orden un alcalde, corrompido por narcotraficantes, quien dio la orden de matarlos.
Peña prometió esclarecer los ataques de policías y narcos confabulados en Iguala, para que "no haya impunidad y que todos los culpables sean castigados", en un discurso aplaudido por unos invitados 800 representante de todos los poderes del país.
La primera medida consiste en una reforma constitucional contra "la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales", como Iguala, el primer eslabón de la penetración del crimen en el Estado mexicano.
La segunda acción se propone modificar el sistema de responsabilidad penal, y anular las ambigüedades del dominio entre los órganos encargados de combate a la delincuencia.
Peña ha propuesto –en tercer lugar- crear policías únicas en los 32 estados que conforman México, para abolir más de 1.800 policías municipales débiles, y crear a 32 "sólidas corporaciones de seguridad estatal, confiables, profesionales y eficaces".
El gobernó se ha decidido por fin, en cuarto lugar, a crear un número telefónico único para emergencias, a nivel nacional, el 911 que existe en EEUU y otros países del mundo.
La quinta acción consiste en establecimiento una clave única de identidad para los trámites e identificación de todos los ciudadanos mexicanos.
El presidente ordenó un operativo de seguridad especial en la región conocida como Tierra Caliente –como sexta acción-, en Guerrero Michoacán y Jalisco en las zonas montañosas con costas al pacífico en el centro-sur de México, infestadas por mafias de narcotraficantes; y en Tamaulipas, fronterizo con EEUU frente al golfo de México.
Peña ha asumido como suya la agenda de los organismos humanitarios de DDHH "con una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana", en su séptimo paso de emergencia.
El presidente ha sorprendido además a sus críticos en los organismos de DDHH al adoptar como octava política de su gobierno las esperadas leyes contra la tortura y desaparición forzada, un sistema nacional de búsqueda de personas desparecidas, de información genética, y un fondo de ayuda de víctimas de la violencia.
Criticado por la revelación de la riqueza de su esposa y de él mismo, con acusaciones de conflictos de intereses en contratos estatales para empresarios cercanos que la Presidencia rechaza, el mandatario anunció como noveno paso, su apoyo a una ley nacional anticorrupción y transparencia, congelada en el Congreso por años.
Finalmente ordenó, como décima acción, crear un portal de información pública sobre los proveedores y contratistas todo gibierno en el país.
Peña reconoció que existen "dos México", uno que crece boyante en los últimos años en la frontera con EEUU y uno empobrecido en el sur, fronterizo con Centroamérica.
Para acortar esa brecha en u país donde la mitad de la gente es pobre anunció "una estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca".
Por primera vez en la historia de México existirán "Zonas Económicas Especiales": un corredor industrial interoceánico, en el sureño istmo de Tehuantepec; otro en Puerto Chiapas; y otro en los municipios del Puerto Lázaro Cárdenas, sobre las costas del Pacífico mexicano.
El resultado de la crisis política desatada por la infiltración del crimen organizado que ha causado más de 100.000 muertes y 20.000 desapariciones en siete años, obliga a construir "un país que realmente esté alejado de escenarios de violencia", dijo el mandatario antes del esperado evento.
