En la investigación oficial de la desaparición de 43 estudiantes presentada este viernes, según la cual los jóvenes pudieron haber sido asesinados, quemados y arrojados a un río, México no profundiza en las ligas del Estado y el narcotráfico, ni reconoce un crimen de Estado, dijo Amnistía Internacional (AI).
Las pesquisas de los hechos en Iguala (200 km al suroeste), estado de Guerrero, han sido limitada e incompleta, porque fueron "acompañadas de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos", dijo el organismo con sede en Londres.
El funesto anuncio presentado en conferencia de prensa por el Procurador General de México Jesús Murillo (fiscal federal) sobre el caso de los 43 jóvenes aspirantes a maestros rurales desaparecidos hace 42 días fue realizado "después de semanas de especulaciones sobre el destino de los estudiantes" lamentó la organización fundada en los años 60.
En el recuento más reciente y completo del caso el Procurador Murillo "ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado".
"Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Iguala no es el Estado Mexicano, dice Murillo. Habra que aclararle que esto es un Crimen de Estado y su gobierno es responsable #Ayotzinapa
— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) 7 ноября 2014
"La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia ", prosiguió la alta directiva de AI.
Omisión federal en graves antecedentes
El alto cargo del gobierno también "olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala (José Luis Abarca, detenido el martes pasado) y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en el año 2011".
El organismo internacional se recordó que, en junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos, y "el fiscal del Estado no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones".
También, en diciembre de 2011 "las autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios policiales federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) y de la tortura y malos tratos de otras 20 personas", dijo Guevara Rosas.
Las familias de los estudiantes han anunciado que no confían en las autoridades y la información presentada por el Procurador hasta que no esté respaldada por evidencia científica de los expertos forenses argentinos que les asisten y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado.
Los restos calcinados han perdido trazas de ADN, lo que hará casi imposible la identificación, dijo Murillo.
En la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, 19 fosas comunes se encontraron alrededor de Iguala, 74 personas han sido detenidas tras los ataques de policías y narcos aliados el 26 de septiembre, con saldo de seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos.
