De este modo, Toni Comín (Sanidad), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura) no serán entregados a las autoridades españolas, que reclaman su extradición por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos en relación con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
En concreto, considera incompatibles la orden nacional de detención con la euroorden emitida, ya que "no se menciona ninguna orden nacional en la euroorden", tal y como exige la normativa, y "el texto de la euroorden es muy distinto del de las órdenes nacionales, en realidad no son compatibles en absoluto".
El abogado de los exconsejeros, Jaume Alonso Cuevillas, afirmó a los medios que la Justicia española actuó con "precipitación" y señaló que las euroórdenes contra el expresidente Carles Puigdemont en Alemania y la exconsejera Clara Ponsatí en Escocia podrían contener el mismo error de forma y, en consecuencia, se podría producir una resolución similar.
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Fuentes del Tribunal Supremo aseguraron a los medios que lo sucedido "podría interpretarse como una ausencia de compromiso con prestar la colaboración judicial peticionada".
"Solo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, pese a la explicación dada como información suplementaria, permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden", argumentan las fuentes.
Si la Justicia española decidiese emitir una nueva euroorden contra Puigdemont y los consejeros de su Ejecutivo, la reclamación partiría en ese caso de cero y significaría iniciar todo un nuevo procedimiento para lograr su entrega.
La vista para estudiar las órdenes de extradición había de celebrarse originalmente el pasado 18 de abril, pero la Fiscalía solicitó aplazarla para pedir más información a las autoridades españolas sobre las órdenes de extradición.
Comín, Serret y Puig acompañaron al expresidente catalán Carles Puigdemont en octubre de 2017 cuando este decidió trasladarse a Bruselas después de la declaración de independencia de Cataluña con el fin de eludir la acción de la Justicia española.
