Según la Constitución de Bolivia, la pequeña propiedad agraria es indivisible, es un patrimonio familiar inembargable y no paga impuestos. Además, representa una visión del Estado sobre la tierra como generadora de alimentos y como espacio de desarrollo cultural. Ahí se cosecha el 60% de productos que llegan a las mesas bolivianas, según varios informes.
Decenas de organizaciones campesinas indígenas alertan que la ley 157, recién promulgada por el Gobierno, pone en riesgo esta base del régimen agrario al habilitar la toma de préstamos bancarios, los cuales implican el potencial embargo de estas tierras.
La mayoría de organizaciones indígenas campesinas del país se manifestaron en contra de este texto. Y sobre todo criticaron que no se las hubiera consultado en la etapa de redacción, ya que es una ley que afecta directamente sus bienes.
Especialistas consultados por Sputnik remarcaron que no se trata solamente de los alcances de esta ley, sino que un marco normativo en gestación pone en riesgo el espíritu constitucional que prima sobre la tierra. Citaron el proyecto de ley en elaboración por el senador Branko Marinkovic, para permitir el loteo de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) de decenas de pueblos indígenas, para que sus individuos puedan venderlo en retazos.
Por estos y otros motivos partió del municipio de Porvenir (norte), en el departamento amazónico de Pando, una reducida marcha campesina que día tras día reúne a más adeptos, mientras se acerca a la ciudad de La Paz.
Porvenir es recordado por la masacre ocurrida el 11 de septiembre de 2008, en pleno intento de golpe de Estado cívico-prefectural contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019). El saldo fue de 13 campesinos asesinados, mientras murieron dos de los presuntos atacantes.
En los próximos días, la movilización partida de Pando ingresará al departamento de Beni (norte), donde viven 18 pueblos indígenas, aglutinados en la Central de Pueblos Indígenas local (CPIB). Su presidente, Juan Cayuba, dijo a Sputnik que en esta organización debaten para determinar si se suman a la marcha iniciada por los campesinos.
"Estamos analizando esta ley para sumarnos seguramente a la marcha que han emprendido los hermanos campesinos de Pando. Estamos analizando que también es un perjuicio para los pueblos indígenas. No se consultó como corresponde a las organizaciones sociales", explicó el líder del pueblo Mojeño Trinitario.
Y agregó: "Los pueblos indígenas tenemos ancestralidad, identidad, ideología e historia. Esta nueva generación de dirigentes no va a dejar pasar el atropello que quieren hacerles a las familias en nuestras comunidades".
Cayuba contó que, durante la campaña presidencial, a finales de 2025, el ahora presidente Rodrigo Paz se reunió con los indígenas, pero aún no fueron atendidas sus demandas. Comentó que, en los últimos meses, formularon 15 pedidos de reunión, pero ninguno fue respondido por la Casa Grande del Pueblo.
Promulgación en la feria
Paz promulgó la ley 157 en la Feria Agropecuaria de Santa Cruz (Agropecruz), en la capital departamental.
"Aquí está la ley que autoriza al INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana. Permítanme, la voy a firmar acá para promulgarla como ley", comentó.
El mandatario boliviano indicó que la nueva ley está "dentro de las muchas [leyes] que el país necesita hacer para encaminar la ruta de la patria siempre por la producción".
En el Gobierno y en el sector agroindustrial destacaron que ahora los pequeños productores podrán acceder a financiamiento para participar con mayor fuerza del campo productivo nacional, "no como parte de una visión tranca, sino como un factor de desarrollo y de construcción nacional", sostuvo el presidente.
Y agregó: "Este Gobierno ve en Santa Cruz y en todos los departamentos la oportunidad de crecer, por eso el mensaje a Santa Cruz es muy claro: se acabaron 20 años en los que el Gobierno no los atendía. Ahora tienen un Gobierno que les extiende la mano para poder crecer conjuntamente".
¿Quiénes serán beneficiados?
Juan Pablo Chuquimia es director de la Fundación Tierra, una de las instituciones que siguió el tratamiento y promulgación de la nueva norma.
"Se le vende como una ley que va a agilizar la conversión de pequeñas propiedades agrarias en medianas, para que los pequeños propietarios puedan hipotecar sus territorios y acceder a créditos, para que con esos fondos generen condiciones de desarrollo y así salir de la pobreza", dijo a Sputnik.
Pero, "esto es solamente cierto para un reducido grupo de productores, quienes ya están insertos en dinámicas productivas articuladas al mercado, que exportan. Por lo tanto, sus tierras tienen un valor importante y pueden ser sujetas a una garantía hipotecaria y acceder a créditos".
Se definen como "propiedades pequeñas" las que tienen hasta 500 hectáreas. Pero según la Fundación Tierra, el 74% de estas tierras tiene apenas dos hectáreas. Por ello no son atractivas para acceder a créditos bancarios, además que las condiciones locales muchas veces no garantizan la obtención de una buena cosecha.
"Es muy difícil que un banco acepte como hipoteca una parcela de una hectárea con muy poco valor. Estas familias, mayormente aymaras y quechuas, no se van a beneficiar", consideró el director.
Para Chuquimia, "esta ley pone en cuestionamiento distintas miradas sobre la tierra. El proyecto de ley vino del sector agroindustrial, que entiende a la tierra como un activo más en la estructura productiva, como una mercancía".
Pero "la tierra también es un espacio de vida, es un medio esencial para satisfacer las necesidades, está ligada a la cultura. Entonces estas visiones diferentes se ponen en contradicción con la ley", desarrolló.
"En la medida en que la pequeña propiedad pase a convertirse voluntariamente en mediana, se fomenta el acceso a crédito. En caso de falta de pagos, aumentaría la cantidad de tierra en manos de los bancos. ¿Y los bancos qué hacen? Las venden".
Además, "si una pequeña propiedad se puede vender libremente, supone impulsar el dinamismo del mercado de tierras. La cosa se degeneraría en determinados lugares, en situaciones que podrían promover procesos de acaparamiento de tierras. Es un riesgo", indicó Chuquimia.
"Ni por si acaso"
Para el investigador Stasiek Czaplicki Cabezas, esta ley "ha sido pensada para los pequeños productores soyeros de Santa Cruz, donde para producir más de 50 hectáreas necesitas tener maquinaria, o tener varias propiedades para que valga la pena. La escala de producción y la inversión necesaria está por encima de los 100.000 dólares, entre maquinaria e insumos. Entonces, ni por si acaso los bancos van a dar acceso a crédito a campesinos con dos hectáreas", explicó a Sputnik.
Y agregó: "Estamos cambiando de un régimen de tierras que era proteccionista a un régimen de tierras completamente liberal, para que el día de mañana pues la banca le caiga a los propietarios que no puedan pagar sus deudas, o que tengan que venderlas a empresarios porque no les ha ido bien".
Czaplicki aseguró que "los pequeños productores nunca han pedido esta ley, pero tienen una agenda social productiva de largo aliento: necesitan créditos específicos para ellos, tienen necesidades de apoyo de asistencia técnica, necesitan apoyo en momentos de sequía y otras demandas".
Y sostuvo que Marinkovic "ha indicado que va a hacer un proyecto de ley para la individualización de la titulación de la tierra comunitaria. Esto quiere decir que, si soy miembro de un TCO, se me va a permitir titular de forma individual, dado que ha pasado este otro proyecto de ley (la 157) y juntos son, en cierta forma, la llave legal y burocrática para que un empresario pueda a futuro volverse dueño de una pequeña propiedad que haya sido, de paso, parcelizada de un TCO".
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