El presidente argentino, Javier Milei, sumó otro triunfo legislativo a su seguidilla de victorias parlamentarias. El Congreso local aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, una modificación que flexibiliza las restricciones a la actividad minera en zonas cordilleranas y que el Ejecutivo presenta como una vía para destrabar inversiones millonarias. La iniciativa quedó sancionada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.
La nueva norma elimina la protección automática que hasta ahora regía sobre glaciares y ambientes periglaciares. A partir de ahora, solo quedarán bajo resguardo estricto aquellas formaciones que demuestren una "función hídrica efectiva", mientras que en las demás podrán autorizarse proyectos extractivos, incluida la minería metalífera a cielo abierto.
El cambio también redefine el reparto de poder entre la nación y las provincias. De ahora en más, serán los Gobiernos provinciales los que deberán elaborar los inventarios y estudios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo cumplen un aporte hídrico relevante y cuáles no. Es decir, la decisión quedará en manos de aquellas provincias que son las mismas que se verían directamente beneficiadas por el ingreso de divisas producto de la explotación minera.
La reforma afecta un universo sensible. El inventario oficial realizado en 2018 registró cerca de 17.000 cuerpos de hielo sobre una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados, equivalentes a 41 veces la ciudad de Buenos Aires. En provincias como Salta, Jujuy, Catamarca (norte), o San Juan y Mendoza (oeste) hay más de 1.500 cuerpos glaciares o periglaciares alcanzados por el cambio normativo.
La Casa Rosada sostuvo que la ley permitirá acelerar un salto minero largamente demorado. La expectativa oficial es que la modificación destrabe inversiones por entre 20.000 y 40.000 millones de dólares, en especial en cobre, y habilite exportaciones por hasta 165.000 millones hacia 2035. Así lo expresó el ministro de Economía, Luis Caputo.
La comparación con Chile fue uno de los argumentos que sobrevolaron el debate. Mientras el país trasandino exportó más de 60.000 millones en minería en 2025, el elenco libertario sostiene que Argentina perdió competitividad por un esquema regulatorio que mantenía vedadas extensas áreas de la cordillera. La reforma se complementa, además, con los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios sancionados tras la aprobación del Régimen de Incentivo a las grandes Inversiones.
La sanción representa, además, una victoria política para Milei. El oficialismo volvió a reunir una mayoría legislativa con apoyo de bloques aliados y de legisladores de provincias mineras, en una coyuntura marcada por denuncias sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por un deterioro del clima social ante la situación económica, reflejado en la caída en la imagen pública del Gobierno.
La aprobación no cerró la controversia. Organizaciones ambientales, científicos y sectores de la oposición cuestionan que la reforma reduce los presupuestos mínimos de protección de recursos hídricos considerados vitales y anticipan una judicialización por su eventual inconstitucionalidad. En el centro de la disputa aparece el equilibrio entre la expansión de la minería, el control provincial de los recursos y la preservación de reservas estratégicas de agua dulce.
Un alivio para Casa Rosada
"Para el Gobierno este es un triunfo importante porque venía de registrar una caída en la imagen", dijo a Sputnik el analista político Juan Adaro. El experto remarcó que "vamos a empezar a ver este tipo de triunfos legislativos con este Congreso, pero no necesariamente se traducen en [éxitos] políticos, por la resistencia que hay en ciertos sectores de la opinión pública".
"Estas iniciativas forman parte de la agenda legislativa intrínseca del Gobierno y son una declaración de principios sobre el país que quiere construir. Las iniciativas están enfocadas en las industrias que hoy crecen más y que se proyectan como el futuro de la Argentina, como la minería en la cordillera", remarcó.
De acuerdo con el experto, el resultado de la votación exhibe cierto grado de dependencia de la Casa Rosada hacia los mandatarios provinciales.
"Los gobernadores siguen siendo un eslabón central de gobernabilidad para el Ejecutivo. Se ve una lógica de intercambio: ellos aportan apoyo y Milei responde con recursos para las provincias", apuntó.
"La noticia es que la caída en la imagen del Gobierno no se está traduciendo en un menor apoyo del Congreso. Las expectativas a futuro han disminuido mucho y eso impacta directamente en los niveles de aprobación del gobierno. Al tener más herramientas en el Congreso, la sociedad espera resultados concretos y, al no verlos, empieza a mostrar disconformidad", precisó.
¿Lluvia de inversiones?
Para los representantes del sector minero, la reforma es vista como un hito para terminar de conducir el desarrollo de la minería en el país. En diálogo con Sputnik, Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de la provincia de San Juan, advirtió que "la minería tiene potencial para generar beneficios equivalentes a casi dos yacimientos de Vaca Muerta enteros".
El empresario remarcó el papel de la actividad en las finanzas de los distritos cordilleranos. "Las provincias necesitan el ingreso de estos recursos para sus finanzas. Ponerle obstáculos a la minería atenta contra el futuro del interior del país", remarcó.
"Venimos pidiendo esta ley desde hace tiempo porque esta traba que teníamos no existe en ningún país del mundo: los países de la región tienen incentivos a la minería, no obstáculos", destacó Godoy.
El debate está lejos de haberse saldado. Las impugnaciones por parte de movimientos ambientalistas, científicos y partidos opositores no se hicieron esperar. Consultado por Sputnik, Maximiliano Villarreal, abogado especializado en ambiente, sostuvo que "esta no era una ley antiminería. Lo que busca es proteger un recurso estratégico que se ubica en una parte ínfima del territorio nacional, equivalente al 0,3%".
El experto denunció que "no es cierto que el país esté atravesando fuertes inversiones en minería. No hay razones para creer que esto va a llevar a un salto exponencial, incluso habiéndose sancionado el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que da muchísimos beneficios a las empresas mineras".
"Este no es un debate de 'minería sí o minería no', sino sobre si debe primar el criterio científico o el económico", subrayó el especialista.
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