Argentina consiguió un triunfo clave en los tribunales norteamericanos. La justicia de Estados Unidos dejó sin efecto la condena contra Buenos Aires por la expropiación de la petrolera YPF y suspendió, al menos de manera transitoria, el pago de más de 16.000 millones de dólares fijado en primera instancia en uno de los litigios más relevantes que enfrenta el país en tribunales internacionales.
La resolución fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, y concluyó que la jueza Loretta Preska aplicó de manera incorrecta la legislación argentina al dictar su sentencia en 2023, en el marco de un proceso judicial iniciado en 2015 por accionistas minoritarios de la compañía.
El presidente, Javier Milei, celebró la noticia en sus redes sociales, calificando el fallo como "histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional".
Según el tribunal, los reclamos de los demandantes no encuadran dentro del derecho argentino, lo que llevó a revocar el fallo previo y a devolver el expediente para continuar con el proceso bajo nuevos criterios. La decisión implica, en los hechos, la anulación de la condena económica y la suspensión de las acciones destinadas a ejecutarla.
El origen del caso se remonta a la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales efectuada en 2012, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), cuando el Estado asumió el control del 51% de la empresa sin lanzar una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas, como establecía el estatuto societario vigente.
Al respecto, la propia expresidenta remarcó la relevancia del fallo: "queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país", afirmó. De acuerdo con la exmandataria, "las disposiciones del estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país".
En el fallo original, la jueza Preska había considerado que Buenos Aires debía compensar a los inversores afectados. Entre ellos se encontraban las sociedades Petersen y el fondo Eton Park, cuyos derechos de litigio fueron posteriormente adquiridos por Burford Capital por la suma de 15 millones de euros (a partir de los cuales ahora pretendía cobrar 16.000 millones). El caso se convirtió así en uno de los litigios de financiamiento legal más grandes a nivel global.
En la apelación, el Estado argentino argumentó que correspondía aplicar la ley de expropiación por sobre el estatuto de la empresa y que la interpretación de la jueza no reflejaba correctamente el derecho local. Ese planteamiento fue recogido por la Cámara al momento de revisar la sentencia.
El tribunal también señaló que los estatutos de una empresa no constituyen, en este contexto, un contrato que habilite reclamos de ese tipo y que la legislación argentina limita las acciones judiciales de terceros en procesos de expropiación, lo que debilitó el sustento jurídico de la demanda.
La decisión tuvo impacto inmediato en los mercados. Las acciones de Burford Capital registraron una fuerte caída tras conocerse el fallo, en una señal del cambio en las expectativas sobre el resultado del caso y el valor potencial de la compensación en disputa.
Pese a este revés para los demandantes, el proceso no está cerrado. Las partes aún pueden intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene la facultad de aceptar o rechazar su revisión, por lo que el desenlace definitivo permanece abierto.
La resolución representa un alivio relevante para Argentina en el plano financiero y judicial, al dejar en suspenso una de las mayores condenas de su historia reciente, aunque el litigio continúa abierto y sujeto a nuevas instancias en el sistema judicial estadounidense.
Euforia y alivio
"Esta es una enorme noticia bajo todo punto de vista, económico y simbólico. El daño en estos más de trece años fue significativo en términos de prestigio del país, y por eso trae mucho alivio", dijo a Sputnik Emilio Apud, exdirector de YPF y exsecretario de Energía.
De acuerdo con el exfuncionario, la decisión "ayuda a recuperar la confianza que Argentina necesita para atraer inversiones".
Consultado por este medio, el economista Alejo Muratti coincidió y agregó que el principal impacto se observa en el frente externo, donde el Gobierno enfrenta compromisos relevantes en el corto plazo.
"Es un respiro, porque esos 16.000 millones podrían haberse sumado a los vencimientos de deuda de este año y del próximo", afirmó.
En esa línea, el economista subrayó que la decisión modifica el escenario de financiamiento. "No es un ingreso de dólares, pero sí un alivio contable muy importante", sostuvo, al explicar que evita una salida de divisas en un contexto en el que el país busca recomponer reservas internacionales.
Muratti también vinculó el fallo con la estrategia económica del Gobierno. "Hoy el Ejecutivo está emitiendo deuda para acumular divisas y hacer frente a los vencimientos", señaló, al mencionar instrumentos recientes colocados en moneda extranjera para fortalecer la posición financiera. En ese contexto, consideró que la resolución judicial contribuye a descomprimir presiones.
"Este alivio evita sumar un problema adicional en un frente que ya es exigente", concluyó.
El futuro de la compañía
Según Apud, el fallo "va a ayudar al desarrollo hidrocarburífero del país porque aporta en ese proceso de reconstrucción de confianza", dado que "el potencial de petróleo y gas en Vaca Muerta es una mina de oro, pero necesita inversiones muy grandes para desarrollarse, y este fallo ayuda a destrabarlas".
El diagnóstico es compartido entre otros exfuncionarios. Para Pablo González, expresidente de YPF, el fallo termina de "darle la razón a Argentina cuando aplicó su ley soberana, legitimando la decisión inicial de expropiar la empresa".
En ese marco, el experto sostuvo ante esta agencia que el resultado trasciende a las administraciones.
"Esto no es triunfo de ningún Gobierno sino de una política que ha mantenido el Estado nacional: nadie puede atribuirse esta victoria", destacó al remarcar la continuidad de la política energética en torno al control de la empresa.
"Ese es el debate de fondo que siempre ha tenido la política argentina. Ahora sabemos que se trató de una decisión soberana tomada desde 2012 por el Congreso que dejó al país en una muy buena posición con el 51% de participación en YPF, clave para continuar con el desarrollo energético", enfatizó.
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