Flexibilización laboral en Ecuador: ¿modernización del empleo o incertidumbre?

Bajo el argumento de la "modernidad", la nueva normativa permite extender la jornada ordinaria hasta las 10 horas diarias y crea una figura de "banco de horas" que ha despertado las alarmas de sindicatos y juristas. Mientras la Presidencia defiende la medida como necesaria para la competitividad, expertos advierten que se trata de una reforma regresiva que vulnera conquistas históricas y elude los candados constitucionales que prohíben la precarización.

Y es la posibilidad de que un trabajador labore hasta 10 horas al día como parte de su jornada ordinaria altera el principio de las ocho horas diarias que rige en el país desde el retorno a la democracia en 1980.

Una conquista que "está intentando ser desmontada"

Para la abogada Angie Toapanta, presidenta de la Asociación de abogados laboralistas de Ecuador, los efectos de esta norma son claros. La experta identifica cuatro puntos críticos: la jornada máxima de 10 horas, el no pago de estas como suplementarias, la fragmentación de la jornada y el "falso acuerdo" entre las partes.

"Lo primero es que una persona trabajará, sí, sus 40 horas a la semana, pero ya no en hasta 8 horas al día máximo, sino que ahora la jornada ordinaria máxima podrá ser de hasta 10 horas al día. Estas 10 horas al día, el segundo efecto es que no se pagarán como horas suplementarias, sino como horas normales, como horas ordinarias", explica a Sputnik.

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La jurista enfatiza la desigualdad en la negociación que este acuerdo legaliza y explica que esto podrá realizarse entre trabajadores y empleadores por un acuerdo entre las partes, lo que vendría a ser un falso acuerdo entre las partes, pero explica que lo que existe es una imposición de la voluntad del empleador, quien es quien dirige el negocio y a su vez subordina a la persona trabajadora tanto económicamente como técnicamente.

Esta visión es compartida por Marcela Arellano, presidenta de la Confederación ecuatoriana de organizaciones sindicales libres (CEOSL), quien vincula esta medida con el modelo argentino de Javier Milei. Arellano advierte sobre el riesgo de perder el pago de recargos legales por tiempo extra:

"Esta conquista ahora está intentando ser desmontada a través de un acuerdo ministerial que plantea uno: banco de horas, muy parecido al planteamiento de Milei en Argentina, es decir, que los trabajadores puedan trabajar hasta 10 horas, y que luego se acumulen las horas trabajadas y que puedan salir después en otros días. El problema del banco de horas es que pone en peligro las horas extras y las horas suplementarias", advierte Arellano.

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El motor de la flexibilización

La flexibilización no surge en el vacío, sino que responde a una matriz productiva agroexportadora que Ecuador busca fortalecer mediante acuerdos comerciales. Marcela Arellano vincula directamente los tratados correspondientes con este cambio en el ámbito de los derechos.

"Se firmó el Tratado de libre comercio con la Unión Europea, luego se discutió con China y en este momento se está discutiendo uno con Canadá. Este avance de la flexibilización laboral viene desde determinados grupos que tienen intereses, sobre todo con la producción laboral que se exporta a los países con los que tenemos tratados de libre comercio; son precisamente estos sectores los que están impulsando una reforma laboral regresiva", afirma Arellano.

Para 2026, Ecuador ha consolidado su integración económica con la Unión Europea al alcanzar la fase final de desgravación arancelaria, proyectando que el 97% de las mercancías europeas circulen libremente en el país para 2027. Paralelamente, el frente comercial norteamericano avanza con firmeza: tras concluir la sexta ronda de negociaciones con Canadá el 31 de enero de 2025, el Ministerio de Producción prevé que este nuevo tratado bilateral abrirá las puertas de un mercado estratégico de 39,8 millones de consumidores para la oferta exportable nacional.

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El "laboratorio" ecuatoriano

Uno de los argumentos recurrentes del Gobierno es que la flexibilización es indispensable para reducir las cifras de desempleo. No obstante, los expertos sostienen que los datos históricos refutan esta tesis.

"El contexto creo que es el mismo que se ha repetido en todos los países que están gobernados por presidentes de derecha: para generar más empleo se requieren menos derechos y eso es una falacia absoluta. Realmente, la norma laboral no está en la capacidad de generar empleo, menos aún de la noche a la mañana. Ecuador es un gran laboratorio de eso porque nosotros tenemos más de 40 formas contractuales, un código del trabajo que todos los años es reformado con parches y, a pesar de eso, el empleo pleno en Ecuador sigue estancado", sostiene Toapanta.

Para la experta, la inestabilidad actual es el verdadero freno a la inversión de la empresa privada y la inversión extranjera.

"Presenciamos también una suerte de acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos que significa separarse también de otros países de la región. La estabilidad para que el sector empresarial invierta y genere empleo es lo que no existe, pero evidentemente tratan de trasladar ese costo hacia las personas trabajadoras, cada vez más afectando el derecho", afirma.

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La reducción del Estado

La influencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) es otro factor clave.

"El FMI hace también varios años ha marcado la línea de las reformas económicas y laborales en el país; se ha enfocado en tres aspectos. Uno, golpes fuertes a la seguridad social. Dos, las y los trabajadores del servicio público, que ya tuvieron también una afectación muy grande el año pasado con la emisión de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Y el tercero tiene que ver con reformas al Código del Trabajo, reformas a las que nos hemos opuesto y hemos resistido durante varios años", advierte la jurista.

Adicionalmente, Arellano profundiza en esta reducción del rol estatal y su impacto en la ciudadanía, cuestionando la lógica de los despidos masivos: "¿Por qué hay estos despidos? El Estado necesita de trabajadores y trabajadoras para brindar servicios de salud, de educación, de administración de la justicia. Lo que el Estado está reduciendo es su rol como garante de derechos y proveedor de servicios públicos. Es una política que está siendo implementada por organismos internacionales que aseguran primero el pago de la deuda externa", dice la presidenta de la CEOSL.

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¿Existe una alternativa?

Según Arellano, a diferencia de la tendencia en países como Brasil o Colombia, que discuten la reducción de la jornada, Ecuador camina hacia la extensión del tiempo de trabajo. Sin embargo, Toapanta sugiere que hay formas de modernizar el empleo sin sacrificar la dignidad.

"Hay formas de pensar una flexibilización que sea justa para las personas trabajadoras y no solo en la que los empleadores ganen. Reducir la jornada semanal o diaria de trabajo sin reducción de la remuneración, incrementar licencias por paternidad, generar centros de cuidado acoplados para que todas las personas podamos ir a trabajar y a la vez que el Estado se hace cargo del cuidado de quienes lo necesitan", concluye Toapanta.

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