El 10 de marzo, el Gobierno de México insistió en que la mayor parte de las armas que se incautan en operativos de seguridad provienen directamente de su vecino del norte.
En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que en lo que va de la actual administración se han incautado 24.122 armas de fuego, de las cuales el 75% provienen de EEUU.
Este fenómeno también ha sido señalado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A finales de febrero, el general de brigada de Justicia Militar, Alejandro Ramos Flores, y el general brigadier de Estado Mayor, César Omar Quintón Ponce, aseguraron en entrevista para medios nacionales que poco más del 80% de las armas decomisadas en territorio mexicano provenían del país norteamericano, principalmente porque la legislación de dicho país facilitaba su libre flujo.
Las declaraciones de los líderes castrenses se dieron días después de que una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revelara que las bandas criminales mexicanas usaban municiones calibre 50 fabricadas por la empresa Lake City Army Ammunition Plant, propiedad del Gobierno estadounidense y el principal fabricante de su ejército.
Posteriormente, el dato fue confirmado por el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, quien destacó que, desde 2012, se habían incautado 137.000 cartuchos de este tipo de calibre, de los cuales el 47% provenían de la firma referida.
Un discurso más que un compromiso
En entrevista para Sputnik, el analista en temas de seguridad, Rubén Ramos Muñoz, considera que la posición estadounidense en materia de combate al narcotráfico es más un discurso que un compromiso real, ante la inacción para frenar el flujo de armas hacia México, las cuales terminan, en su mayoría, en manos del crimen organizado.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que solo el 3% de las armas que llegan desde Washington son incautadas por autoridades estadounidenses, un hecho que evidencia que esa nación no está realmente interesada en detener el trasiego de enervantes.
"EEUU no está tan comprometido como lo dice en el discurso, pero funciona como un instrumento de política exterior para ejercer presión hacia, en este caso, nuestro país, justo como un mecanismo de aplicar su política exterior y satisfacer sus intereses a través de esta excusa", recalca.
El investigador sostiene que, históricamente, EEUU ha buscado crear un enemigo común para impulsar sus políticas en países de América Latina, mantener un control político en la región y sostener su influencia. En su momento fue el comunismo, posteriormente el terrorismo y, ahora, el narcoterrorismo.
Bajo esta premisa, el presidente de EEUU, Donald Trump, impulsó la creación del grupo del "Escudo de las Américas" —del cual excluyó a países como México, Colombia y Brasil— y pocos días después publicó una nueva estrategia para coartar el poder territorial de los carteles.
Pese a ello, Ramos Muñoz destaca que poco se hace en materia de combate al narcotráfico al interior de EEUU, es decir, no se conocen a los grupos criminales y sus cómplices gubernamentales que distribuyen y venden los estupefacientes en su territorio.
"Se habla muy poco de aprehender algún narcotraficante estadounidense, alguna autoridad corrompida en Estados Unidos o incluso narcomenudistas que estén traficando dentro [esa nación]. Pareciera que del otro lado de la frontera solita llega la droga y se distribuye sola", menciona.
El peso del sector armamentístico
Otro factor que permite el flujo de armas de EEUU a México es el poder que representa el sector armamentístico en el país norteamericano, el cual tiene una importante influencia política y económica, sostiene Ramos Muñoz.
Esta idea forma parte del libro La violencia vino del norte (Debate, 2025), publicado por el escritor Carlos A. Pérez Ricart, el cual explica cómo en los últimos 20 años la flexibilización del comercio legal de armas en EEUU ha tenido un impacto directo tanto en la cantidad de estos artilugios que llegan de contrabando a México, como en los niveles de violencia del país latinoamericano.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) sostiene que la cifra anual de armas que entran a México desde EEUU puede ir de las 70.000 hasta las 400.000, aunque los estudios más cautos hablan de 145.000, es decir, un promedio de 400 armas diarias.
En entrevista para Grupo Fórmula, Pérez-Ricart destacó que, a pesar de la evidencia de este flujo, desde 2005 las armerías estadounidenses no han enfrentado ni una sola demanda por la violencia generada, en un contexto en el que tienen un tremendo poder económico.
El académico estima que en EEUU existen más de 70.000 puntos de venta de armas, lo que supera el número de sucursales de las cadenas de cafeterías y comida rápida más famosas del país norteamericano.
Al respecto, Ramos Muñoz refiere que la imposibilidad de imputar a las armerías se explica, en parte, por el gran aporte económico y político que tienen en la nación norteamericana, y el cual juega un papel crucial en momentos electorales.
"Las propias leyes de EEUU están respaldando a los fabricantes de armas porque esto representa la industria armamentista: una importante generadora de recursos y evidentemente el propio Estado y los lobbies armamentistas, patrocinan las campañas políticas del Gobierno en turno", comenta.
Desde el sexenio anterior, México ha impulsado una batalla legal para hacer corresponsables de la violencia a las armerías estadounidenses, para lo cual, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se impulsó una demanda que fue desechada a mediados de 2025.
Para el especialista, este tipo de acciones, sumadas a las denuncias públicas por parte de las autoridades mexicanas, serán parte de la estrategia política local, pero con pocos resultados visibles ante su dependencia hacia EEUU.
De hecho, Ramos Muñoz advierte que la presión ejercida desde Washington por temas de seguridad podría escalar a temas políticos y de economía, en el marco de la renegociación del T-MEC, lo que expondría aún más que el tema de combate al crimen es un pretexto para imponer una agenda política, específicamente en el país latinoamericano.
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