La rotura de un gasoducto que une el yacimiento de gas de Camisea, en Cusco, con la región metropolitana de Lima desató una crisis de abastecimiento que no solo obligó al Gobierno peruano a declarar una emergencia y racionar el gas tanto para industrias como vehículos, sino que también pone en evidencia los problemas de mantenimiento en infraestructura clave para el país sudamericano.
Durante una comparecencia ante el Congreso peruano para explicar las acciones del Gobierno ante la crisis, el ministro de Minas y Energía, Ángelo Alfaro, advirtió que Perú atraviesa "la crisis energética más grave de los últimos años". En efecto, la rotura provocó escasez tanto de Gas Natural Licuado (GNL), utilizado por los hogares e industrias, y Gas Natural Vehicular (GNV), el combustible que utilizan unos 300.000 taxistas y transportistas de la región metropolitana.
La falta del recurso llevó a que las propias distribuidoras colocaran topes a la carga, haciendo que cada transportista pudiera recargar un máximo de 10 soles (unos 2,9 dólares) para motos y 20 soles (5,8 dólares) por día.
Si bien la empresa privada que gestiona el ducto, Transportadora de Gas del Perú (TGP), asegura que el problema será reparado en un lapso de 14 días, el episodio llevó al Gobierno interino de José María Balcázar a admitir el problema de fondo detrás de la crisis: "Dependemos de un ducto y cuando ese ducto falla todo colapsa", dijo ante los parlamentarios el ministro Alfaro.
El secretario de Estado sostuvo que Perú sigue "en deuda con la planificación", ya que en los últimos 20 años no ha logrado consolidar "un anillo energético ni un gasoducto alternativo" que evite este tipo de problemas.
Falta de mantenimiento
"Esta es una crisis temporal por una fractura de un gasoducto que evidentemente no ha tenido mantenimiento. Supongo que las revisiones no han sido lo suficientemente exhaustivas porque estos accidentes son previsibles", sentenció, en diálogo con Sputnik Jorge Manco Zaconetti, economista peruano y experto en el sector energético.
El analista recordó que la empresa TGP es propiedad de la estadounidense EIG, la argelina Sonatrach y la española Enagás y que el gasoducto fue inaugurado en 2004, con el objetivo de transportar hacia la región metropolitana la producción de gas del yacimiento de Camisea, el más importante de Perú y que es operado por la firma de origen argentino Pluspetrol, con un flujo de 800 pies cúbicos diarios.
Para el experto, muchos de los contratos de explotación de hidrocarburos vigentes en Perú fueron firmados en los primeros años del siglo XXI y, pasado la mitad de las concesiones, han hecho que las empresas ya no tengan avidez por invertir. "En el caso de Camisea, por ejemplo, el contrato se firmó en el año 2000 por un plazo de 40 años. Faltan 14 años y entonces a la empresa no le interesa invertir porque, según ella, el retorno no está asegurado", comentó.
Esta situación debería obligar al Estado peruano a buscar una negociación con las empresas, de manera de asegurar que vuelvan a invertir tanto en el mantenimiento como en nuevos gasoductos. "El Estado peruano necesita masificar el gas, tener seguridad energética, otro ducto, y para eso hay que negociar", reclamó el especialista, para quien optar por una "nacionalización" del recurso solo haría que el Estado peruano incremente sus pérdidas.
"La responsabilidad es del Estado"
También consultado por Sputnik, el economista Jhon Valdiglesias coincidió en que el Estado peruano no está en condiciones de afrontar las inversiones necesarias para "diversificar las fuentes" de energía del país, entre otras cosas como consecuencia de una "institucionalidad bastante débil" y una situación financiera poco auspiciosa de la petrolera estatal Petroperú.
"A lo sumo Perú puede regular, porque operar sería pedir más de lo que puede hacer. Deberían ser las empresas privadas las encargadas de las inversiones, pero tienen que haber buenas licitaciones o hacerse a través de la figura de participación público-privada, una forma más económica que hacerlo a través de una empresa pública", razonó.
Para Valdiglesias, la "estabilidad económica" que Perú ha mantenido a pesar de sus continuos cambios de presidentes puede acabar siendo un incentivo para que nuevas empresas se sumen al escenario energético peruano. Lo mismo puede serlo el atractivo que supone contar con un "mercado bastante grande" de consumidores en Lima y su región metropolitana, con más de 10 millones de habitantes.
Tanto Valdiglesias como Manco Zaconetti coincidieron en que, si bien las inversiones deberían venir desde empresas privadas, existe una responsabilidad última del Estado peruano a la hora de regular correctamente el sector y encauzarlo para asegurar los servicios a la población. "Es evidente que la responsabilidad es del Estado porque las empresas vienen a maximizar beneficios", apuntó Manco Zaconetti.
El experto subrayó que para asegurarse que el sector privado haga los aportes necesarios debería haber "un Gobierno con autoridad moral y que convoque a los mejores", alejado de una crisis política que ha llevado, por ejemplo, a tener "ministros de favor que no conocían el sector energético".
Para Manco Zaconetti, es clave que el Estado peruano renegocie contratos con las empresas que manejan yacimientos para comprometerlas a asegurar también el transporte del gas a los hogares, empresas y transportistas peruanos.
"Tenemos que apostar por la masificación del gas y eso pasa por tener un ducto alternativo que nos dé seguridad energética. Esas son las palabras claves: seguridad energética", insistió el economista.
Para el analista, la falta de seguridad energética podría incluso representar un problema de soberanía para Perú en el caso de un eventual "conflicto interno o externo o una calamidad". "Estamos fritos", sintetizó.
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