Los datos oficiales, retomados por Reforma, muestran que la cifra resulta especialmente relevante, ya que en todo 2024 se documentaron 34 casos de este tipo, lo que indica que el total anual fue superado antes de concluir 2025.
Además de los accidentes, los incidentes aéreos —eventos que afectan o podrían afectar la seguridad de las operaciones sin llegar a consecuencias fatales— también registraron un repunte, al sumar 184 casos entre enero y octubre de 2025, un aumento de 27,3%, frente a los 175 reportados en todo 2024.
Las autoridades aeronáuticas distinguen que un accidente implica daños estructurales severos a la aeronave o lesiones graves o mortales a los pasajeros, mientras que un incidente representa un riesgo operativo sin alcanzar ese nivel de gravedad.
El último accidente registrado en 2025 ocurrió el 15 de diciembre, cuando una aeronave procedente de Acapulco, en el estado de Guerrero (sur), se desplomó a unos 2,5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca, dejando un saldo de 10 personas fallecidas.
Especialistas del sector citados por el medio han expresado preocupación por la falta de presupuesto de la AFAC para cumplir adecuadamente con tareas de inspección, verificación, investigación de accidentes y capacitación del personal técnico, un problema que se ha prolongado durante varios años.
Pese al aumento de accidentes e incidentes, la autoridad médica aeronáutica redujo en 10% las evaluaciones al personal del sector entre enero y octubre de 2025, al realizar 46.747 inspecciones médicas, mientras que las no aptitudes médicas descendieron 42,7% anual.
En contraste, las supervisiones aumentaron 53,8% en el mismo período, al pasar de 366 en 2024 a 563 en 2025, aunque especialistas señalan que la disminución de evaluaciones responde principalmente a la falta de personal médico capacitado y a restricciones presupuestarias persistentes.
Analistas advierten que, aunque para 2026 la Secretaría de Hacienda asignó a la AFAC un presupuesto de 657 millones de pesos (36,9 millones de dólares), esta cifra sigue lejos de los 2.500 millones de pesos (140,4 millones de dólares) anuales que, según expertos, serían necesarios para garantizar una supervisión adecuada y evitar riesgos que puedan derivar en una nueva degradación de la seguridad aérea del país.
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