La promesa de concretar un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses fue uno de los principales latiguillos del hoy presidente electo de Chile, José Antonio Kast, durante su camino hacia el Palacio de La Moneda.
En efecto, el líder del Partido Republicano aprovechó debates y foros públicos para comprometerse a aplicar un profundo recorte presupuestal que, según el candidato, no afectaría a los servicios sociales del Estado. "No vamos a recortar ningún beneficio social que ahora exista", insistió ante los cuestionamientos de la prensa y demás candidatos durante el primer debate presidencial en el que participó.
De todos modos, los detalles concretos del plan de ajuste fueron una incógnita durante toda la campaña y uno de los flancos con los que la oficialista Jeannette Jara más cuestionó a Kast durante el tramo final de la campaña. Manteniendo su idea de que no afectaría a los servicios públicos, Kast se limitó a explicar que el recorte se haría en dos tandas: "3.000 millones por ajuste del Estado y 3.000 millones por ajuste del Legislativo".
Según el ahora presidente electo, podría alcanzar los 6.000 millones comprometidos recortando gastos internos del Estado y el Congreso, apostando a la "austeridad", la "eficiencia" y los "abusos", rubro en el que colocó, como ejemplo, los gastos por licencias médicas falsas de funcionarios públicos.
"Este ajuste tiene dos cosas que son preocupantes: por un lado la magnitud del ajuste y por otro lado el tiempo en que se quiere hacer. Es mucha plata en muy poco tiempo", dijo a Sputnik el economista chileno Allan Álvarez Huencho.
El experto graficó que el ajuste planteado por Kast es tan grande que equivale a lo que el Estado chileno destina anualmente al pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), un beneficio que implica el pago de aproximadamente 250 dólares mensuales a los chilenos mayores de 65 años.
Para Álvarez Huencho, el plan de Kast sencillamente "tiene forma, olor y sabor a un shock del gasto público" y tendrá como consecuencia una reducción del tamaño del Estado que, a su vez, redundará en menos empleos y una posible recesión económica.
En esa línea, el economista e investigador de la Fundación SOL Santiago Rosselot dijo a Sputnik que actualmente el gasto público representa un 24% del Producto Interno Bruto (PIB) chileno, por lo que un recorte de la magnitud del anunciado por Kast "difícilmente no se traduzca en una retracción del crecimiento y aumento del desempleo".
"Los primeros afectados serían los trabajadores del sector público, pero también, como sucede en cada contracción económica, de los primeros empleos que se destruyen son los más precarios, por lo que esto afectará particularmente a la población más vulnerable", sostuvo el analista.
Rosselot advirtió, además, que a pesar de que Kast y su equipo económico lo hayan negado públicamente, un ajuste fiscal como el anunciado por el mandatario entrante afectaría varios de los servicios sociales ofrecidos por el Estado chileno. "En la práctica es imposible implementar un recorte de ese tamaño sin afectar derechos sociales tales como pensiones, salud o educación", apuntó.
Un recorte poco creíble para los mercados
Es por eso que, para los analistas, la promesa de Kast carece de credibilidad y es probable que no termine cumpliéndose durante su mandato.
"No creo que sean capaces de lograrlo porque lo que Kast está prometiendo no se puede hacer", enfatizó Álvarez Huencho, recordando que el gasto estatal chileno ya presenta un obstáculo, dado que "de cada 10 pesos del presupuesto, nueve ya vienen definidos como gasto público por ley". Así las cosas, el presidente entrante tendría poca cintura para hacer recortes.
La falta de solidez de la promesa parece calar incluso en los mercados, que en general celebraron la victoria electoral del candidato del Partido Republicano. Un reporte de la consultora Fitch reconoce que "los 6.000 millones de dólares en recortes serán un desafío" dado que el Gobierno también tendrá que "cumplir los compromisos de campaña en materia de inmigración y seguridad" y, por tanto, requerirá gastar todavía más.
Hasta el banco internacional JPMorgan planteó, en un informe en el que valora las medidas de desregulación planteadas por Kast, la posibilidad de que el ajuste prometido se aplica "de forma gradual" para que su impacto económico sea menor.
"Los mercados no le creen a José Antonio Kast. No creen que lo va a poder hacer porque una cosa es el relato público de la política y otra cosa el riesgo que calculan los inversionistas. Ellos saben discriminar perfectamente cuando hay un anuncio creíble y esto no es creíble", sostuvo Álvarez Huencho.
Rosselot coincidió en que para los bancos internacionales "la credibilidad fiscal es central" y la propuesta presentada por Kast contiene "contradicciones que son evidentes": "Por un lado, plantea reducir la deuda pública, pero por otro disminuyen los ingresos al rebajar los impuestos corporativos".
El economista señaló además que los mercados pueden estar anticipando, además, que los recortes pueden generar respuestas populares que acaben siendo perjudiciales para el clima de negocios en el país.
Para Rosselot, es cierto que Chile debe atender el aumento de la deuda pública que se ha generado en los últimos años. Sin embargo, consideró que podrían buscarse otros caminos como una reforma tributaria que modifique el régimen "regresivo" que tiene Chile actualmente.
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