Miles de familias en México buscan a sus seres queridos desaparecidos. - Sputnik Mundo

La crisis forense en México trastoca la búsqueda de personas desaparecidas en el país

Sputnik analiza este hecho que afecta la identificación de cuerpos en México.
Mariano Yberry
La escena que prevalece en el imaginario colectivo sobre las madres buscadoras es una que implica búsquedas en campo con pico y pala. Pero, una de las áreas más importantes en la labor para encontrar a las más de 133.000 personas desparecidas en México, es el ámbito forense.
En los servicios forenses se encuentran miles de cuerpos, cuya identidad es desconocida. En la mayoría de los casos, el personal no cuenta con información que permita identificar a cada uno de los cadáveres que resguarda.
Según un informe de Fundar, basado en solicitudes de transparencia en las 32 fiscalías estatales, en México hay más de 72.000 cuerpos sin identificar, poco más de la mitad del número de personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La labor de los colectivos de personas buscadoras es titánica. Deben acudir personalmente a los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de cada estado del país latinoamericano para rastrear, entre la poca información disponible, pistas sobre el posible paradero de sus familiares desaparecidos.
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Un tatuaje, las pertenencias que portaba el día que desapareció, señas particulares que lo puedan distinguir de entre todos los cuerpos que se almacenan, son elementos esenciales que les permiten esquivar los obstáculos burocráticos de estos servicios, en los que el personal escasea y los errores técnicos pueden complicar una búsqueda de por sí ya laberíntica.

"Creemos que es una intención no identificar, por parte del Estado, porque tendrían muchas responsabilidades políticas, e incluso, algunas veces, de tipo penal. Porque ellos tienen [los cuerpos] en su poder. Al final están en custodia de la Fiscalía, de servidores públicos. Para nosotras, si ellos los tienen y no lo identifican, es desaparición forzada", sostiene en entrevista para Sputnik Edith Hernández, integrante del colectivo Regresando a Casa.

Hernández, junto a sus compañeras del colectivo, han realizado diversas búsquedas en los diferentes servicios médicos forenses del territorio mexicano. Se juntan por grupos a partir del año de desaparición de su familiar y eligen a una persona por familia para acceder a los datos de cada centro forense, los cuales operan de forma local. Es una experiencia dura, sin apoyo psicológico al momento, por lo que escogen a personas que consideran puedan soportar revisar la información que consultan.
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Al entrar, las buscadoras describen ciertas características de sus familiares, empezando por la edad y el sexo, todo incluido en un perfil genético que les permite condensar información importante.
La fecha de desaparición ayuda a ahorrar tiempo que se dedicará a ver fotografías de los cuerpos resguardados, en caso de que existan indicios de personas con cualidades similares. Si tienen éxito y encuentran a alguien, se solicita su entrega. Si el caso es reciente y se puede identificar a la persona sin necesidad de pruebas genéticas —en situaciones donde el rostro aún se ve de forma clara—, el trámite es rápido, si no se encuentra bajo algún tipo de investigación.
En una situación contraria, es decir, si han pasado años o el estado de descomposición no permite una identificación visual contundente, el trámite puede tardar años en lo que se desahogan las pruebas para verificar la identidad de la persona.
"Nos enfrentamos con mucha impotencia con las imágenes. Aun cuando son colectivos o son madres que ya tienen años buscando, sí sigue afectando, pero tienen la valentía de estar en la exhumación [en fosas], donde ven el cuerpo salir. Con todo lo que es: los olores, el sentir, la emoción, el imaginarse que puede ser tu familiar", narra Hernández.
El laberinto de los datos forenses
En entrevista para Sputnik, la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Zoraida García Castillo, describe este proceso como una "desaparición administrativa".
Se trata de una situación en la que hospitales, reclusorios o servicios forenses tienen el cuerpo de una persona desaparecida, pero no pueden saberlo porque no extraen la información genética, se omiten necropsias y, sobre todo, no existe una base de datos nacional en coordinación con los gobiernos locales, donde se pueda contrastar toda la información.
De hecho, en México no existe una instancia federal que concentre información sobre el número de cuerpos en morgues. Las bases de datos se organizan de manera local, incluida la información sobre el número de fosas comunes que administran.

"Si se lograra abatir esta desaparición administrativa, que es la prolongación de la desaparición de la persona por falta de coordinación de las autoridades, o por la inacción de las autoridades, podría [disminuir] en gran parte el rezago que se tiene y que está provocando eso que hemos llamado crisis forense", refiere García Castillo.

Esta no es una situación novedosa. Desde 2019, en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México reconoce esta crisis.
Un informe de la asociación civil IDHEAS, publicado en febrero de este año, rastrea el origen de la crisis forense en "la ausencia de normas nacionales homologadas para la identificación, resguardo y procesamiento de los cuerpos, además, de una planta laboral insuficiente con profesionales no siempre cualificados para las funciones a realizar".
García Castillo confirma que "estamos en una deficiencia de formación de médicos forenses y legistas", quienes se encargan de la labor del resguardo de cuerpos en los Semefos.
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En este contexto, la experta refiere que, aunque existen esfuerzos por homologar el sistema forense que datan de 1995, el tema no había sido prioritario hasta que ocurrió el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Ante las repercusiones del caso Iguala, el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) retomó las labores para generar una base de datos unificada que permitiera facilitar la búsqueda de personas, pero sin éxito.

"El gran reto es lograr la efectiva coordinación entre autoridades y que lo hagan atendiendo a las etapas y perspectivas de búsqueda (…). Hay que impulsar la intervención también del análisis social. Tiene que entrar la gente con formación en sociología, en antropología social, en psicología social, en ciencia forense, para trabajar de manera multidisciplinaria y hacer entonces planes de búsqueda integrales", sostiene la académica.

Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y tras la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, planeada precisamente para atenuar la crisis de desaparecidos, se instauró en 2022 el Centro Nacional de Identificación Humana, con sede en el estado de Morelos (centro), una de las entidades más ilustrativas de la crisis forense.
Sin embargo, medios locales como La Jornada reportan desde finales del año pasado el desmantelamiento de este centro, con la reducción del 70% de su plantilla laboral. Sus oficinas están completamente vacías, de acuerdo con el testimonio de la madre buscadora Edith Hernández.

"Solamente fue como un elefante blanco, que fue utilizado para, a lo mejor, engañar a las familias, o se tomó la necesidad de las familias de la identificación y ellos lo usaron a su favor (…). Sí, se han asignado para la [ese fin], pero no se usa [para ello]. Muchas veces no se han procesado las muestras que dejan las familias o de los cuerpos", acusa la activista.

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Hernández fue una de las activistas que participó en el descubrimiento de las fosas de Jojutla, Morelos, en 2017, un caso de repercusión nacional. Cerca de 350 cuerpos fueron encontrados por las madres buscadoras, cuya labor se vio obstaculizada con la entrada de la Fiscalía estatal de Morelos.
Para la madre buscadora, parte del problema es que la Fiscalía no cuenta con personal especializado y se concentra en la contratación de abogados, lo que en realidad no ayuda en las labores de búsqueda e identificación.
Sobre el tema, García Castillo explica que la escuela que dirige forma científicos forenses que se convierten en buscadores: apoyan en la localización de cuerpos e identificación. Sin embargo, reconoce que la labor es titánica, tras décadas de descuido en los protocolos.
"El tema no es solo de capacidad de resguardo de los cuerpos, sino también de capacidad técnica y de infraestructura, de personal para poder a atender todo esto. A lo mejor pudieron hacer la necropsia, pero no se pudieron obtener muestras o no se han logrado procesar, por ejemplo, para tener el dato genético y resguardarlo", comenta la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses.
"Andar muertas en vida"
Jacqueline Palmeros conoce bien la búsqueda de personas desaparecidas en el ámbito forense. Recorrió 25 estados del país latinoamericano buscando pistas e información sobre su hija, Monserrat Uribe, desaparecida en la Ciudad de México en julio de 2020, cuyos restos fueron encontrados en noviembre de 2024, en el Ajusco (sur de la capital), gracias a las labores de búsqueda de Una luz en el camino.
En entrevista para Sputnik, la integrante de este colectivo describe la experiencia de búsqueda en los Semefos como una de "las más grotescas, de las más difíciles y de las más revictimizantes" que ha vivido como activista.
Narra que, en alguna ocasión en un Semefo de Tijuana (frontera con EEUU), solicitó información sobre cuerpos de mujeres de entre 15 y 25 años de edad, para saber si entre ellos estaba el de su hija. Sin embargo, la información que le mostraron era de mujeres de 30 años en adelante.

"Nosotras alargamos nuestro dolor y la búsqueda. Hay cuerpos que pasan años [sin ser identificados]. Hay que recordar que la falta de insumos para perfilar restos óseos pone en una alta vulnerabilidad las búsquedas en campo. De nada estarían sirviendo las horas que pasamos bajo el sol, la lluvia, exponiendo nuestras vidas, destapando fosas clandestinas, cuando estos restos no están siendo debidamente perfilados y procesados para una identificación digna", critica Palmeros.

Sobre este tipo de situaciones, García Castillo considera que se tratan de errores de valoración técnica que, sumados a la falta de personal y la inexistencia de una base de datos centralizada, agravan la crisis forense en México.
"La crisis forense consiste en el rezago en los servicios médicos forenses del país para poder identificar y hacer entrega de los cuerpos que les van llegando constantemente y que no logran la identificación. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de la crisis forense: del rezago institucional de identificación de cuerpo y de entrega a sus familias", insiste la académica.
Palmeros coincide con el diagnóstico: la falta de personal es una constante y la falta de coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales con datos biométricos agravan la situación.
En este sentido, reconoce esfuerzos como los que implementó el Instituto Nacional Electoral (INE) para usar su base de datos para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas, al menos en la Ciudad de México.
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No obstante, la activista se cuestiona: ¿Qué pasa con aquellos desaparecidos que son menores de edad o que no tramitaron su INE? ¿Qué ocurre si son migrantes y qué papel tendría que jugar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en este contexto?
Sobre propuestas como la CURP biométrica, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la crisis de desaparecidos y que generó polémica en medio de acusaciones de espionaje, Palmeros reflexiona acerca de qué pasará con aquellas comunidades en las que el avance tecnológico está rezagado.
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Sputnik solicitó una opinión sobre el tema de crisis forense a la Secretaría de Gobernación. El área de comunicación social refirió que tanto la titular, Rosa Icela Rodríguez, como la presidenta, han dejado clara su postura respecto al tema en ocasiones anteriores, sin dar más detalles.

Luego del caso de rancho en Teuchitlán, Jalisco (occidente), donde se localizaron decenas de cuerpos en un supuesto campo de adiestramiento de la delincuencia organizada, la mandataria mexicana propuso diferentes acciones con seis ejes principales:
1

Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Centro Nacional de Identificación Humana y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

2

La creación de nuevos protocolos de alerta de búsqueda

3

Equiparar la desaparición con el secuestro

4

La actualización mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones

5

Reforzamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

6

Diversas reformas para la creación de una Base Única de Información Forense, una plataforma Nacional de Identificación Humana

Las dos iniciativas resultantes —entre ellas la que incluye la creación de la CURP biométrica— ya fueron aprobadas y, actualmente, la Secretaría de Gobernación encabeza los esfuerzos para buscar al nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, tras la salida de Teresa Guadalupe Reyes, cuya gestión ha sido duramente criticada desde los colectivos hasta la academia especializada, principalmente enfocada a su falta de preparación en la materia y empatía por los familiares de los desaparecidos.
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"[En la Escuela Nacional de Ciencias Forenses] hacemos hincapié en que [los estudiantes] tengan una formación ética y humanística. Es muy importante el papel que van a desempeñar en el campo. Van a tratar con víctimas, hacerles entrevistas, realizar entregas dignas, etcétera, pero también se enfrentan con temas muy delicados. Si de pronto tienen relación con el tratamiento del cuerpo o de restos, deben realizarlo con la con la debida diligencia", opina García Castillo.
El 29 de agosto, un día antes de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) emitió una recomendación para la Fiscalía capitalina derivado del caso de Palmeros y su hija Monserrat Uribe.
La dependencia determinó que hubo omisiones por parte del organismo, como la falta de activación de protocolos, que se actuó de forma revictimizante al minimizar la denuncia y sugerir que había sido una desaparición voluntaria, y, durante la entrevista a familiares, realizó apreciaciones prejuiciosas con estereotipos de género.
Por este motivo, la dependencia encabezada por Bertha Luján Alcalde deberá ofrecer una disculpa pública que explique lo ocurrido y hacer las gestiones necesarias para revindicar y honrar la memoria de la joven.
"Es andar muertas en vida. No es natural, no es normal no saber dónde está tu hijo o tu hija y no se puede comparar, porque no sabes si está muerto o si está vivo. Es una incertidumbre y tienes que salir a buscarlo, lo encuentres como lo encuentres (…). Nosotras no conocemos el duelo. No se conoce el duelo porque no tenemos la certeza", lamenta Hernández.
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