El aumento del gasto militar por la vía extraordinaria fue anunciado por el presidente del Gobierno español luego de la reunión del Consejo de Ministros. España cumple así con los compromisos adquiridos ante la OTAN, al adelantar los plazos en principio asumidos, también de cara a los planes de rearme de la UE.
La doble presión euroatlántica ha llevado a Pedro Sánchez a una movilización de recursos sin parangón. Bajo el eufemístico nombre de Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, el Gobierno español prevé alcanzar un gasto equivalente al 2% del PIB nacional en seguridad y defensa en 2025. La cifra anunciada de 10.471 millones de euros supone incrementar de golpe en siete décimas el porcentaje actualmente dedicado a defensa.
En la OTAN celebran el anuncio. Su secretario general, Mark Rutte, saludó de inmediato el plan del Gobierno español y conversó telefónicamente con Sánchez. "Acabo de hablar con Pedro Sánchez, quien me ha puesto al día sobre los planes de España para acelerar la inversión en defensa. Celebro el anuncio de alcanzar el 2% más rápido", escribió en su cuenta personal de la red X.
El aumento del gasto en defensa ha terminado de tensar las relaciones en el seno del Gobierno de coalición. En Sumar califican el aumento de "desorbitado" y su líder, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, considera que "la propuesta nace de EEUU". Entre los apoyos externos del Gobierno, la brecha se amplía. La formación Podemos, en boca de su líder, Ione Belarra, califica al Ejecutivo de Sánchez de "Gobierno de la guerra" y llama a la movilización "por la paz".
En Izquierda Unida (IU), el principal partido de la coalición Sumar, hablan de "irresponsabilidad" y de "crisis de Gobierno" en ciernes. Su portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, ha planteado la posibilidad de salir del Gobierno. "No somos nosotros los que estamos incumpliendo el acuerdo del Gobierno de coalición", destacó.
Respecto al principal partido de la oposición, el Partido Popular, se da la situación paradójica de que, aun siendo partidario de incrementar el gasto militar, critica la aprobación del plan "sin autorización parlamentaria, pese a que ello supone incumplir el artículo 4 de la Ley de Defensa Nacional", expresó su líder, Alberto Núñez Feijóo. Tampoco gusta que los ministros de la formación Sumar hayan mostrado "insumisión" en el Consejo de Ministros. Feijóo recriminó a Sánchez no detallar "de dónde va a sacar miles de millones de euros".
¿Qué prevé el Plan y cómo se financiará?
El Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa y la Seguridad anunciado por Sánchez se estructura en cinco pilares principales, con una inversión distribuida de la siguiente manera:
1.
Mejora de condiciones laborales y equipamiento militar (35,45% del presupuesto), enfocado en la tropa y marinería.2.
Desarrollo de telecomunicaciones y ciberseguridad (31,16%), para modernizar capacidades digitales.3.
Adquisición de equipos de defensa y disuasión (18,75%), reforzando el poder militar.4.
Refuerzo de capacidades duales (16,73%), permitiendo a las Fuerzas Armadas colaborar en emergencias y desastres naturales.5.
Apoyo a misiones de paz internacionales (3,14%), mejorando la seguridad de los efectivos desplegados en el exterior.Para acometer todas las tareas, Sánchez aludió a una financiación proveniente de tres fuentes:
La reorientación de una parte de los fondos europeos Next Generation mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por ejemplo, la destinada a ciberseguridad, con 1.300 millones de euros.
Los ahorros generados por la gestión económica del Gobierno.
Y el margen que dan algunas partidas incluidas en los Presupuestos Generales de 2023 (los últimos aprobados) y que ya no se ejecutarán.
¿El plan no implicará recortes sociales?
Según declaró Sánchez, la ejecución del plan podrá elevar el PIB español entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales, y ayudará a crear hasta 96.000 empleos directos e indirectos, contribuyendo a un aumento de la inversión en I+D del 18%. Y todo esto, supuestamente, "sin tocar un céntimo del Estado del bienestar ni afectar al bolsillo de nuestros ciudadanos", indicó.
El anuncio del plan acontece en un contexto en que la deuda pública española repuntó en febrero un 2,6%, y alcanza los 1.646 billones de euros. Es decir, la deuda supera ya el porcentaje del 101,8% del PIB con el que el país cerró 2024. No hay detalles sobre la reorientación de fondos y la reasignación al gasto militar de partidas no ejecutadas de otros ministerios. Solo cabe comprender que el dinero destinado a la recuperación económica generada por el impacto de la pandemia, ahora tendrá otros fines. ¿Una manera de hacer recortes?
Para Carlos Sánchez Mato, profesor del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el incremento adicional de 10.471 millones de euros para defensa supone "un evidente coste de oportunidad", pues en lugar de atender otras prioridades, esos recursos "se dedicarán a alimentar la espiral belicista".
"Es evidente que supondrá menoscabo de otras partidas y retraso o abandono definitivo de objetivos que deberían alcanzarse de forma inmediata, pero que no dispondrán de la inyección de dinero que este aumento dedicará al Ministerio de Defensa", explica a Sputnik, en alusión a fines como la erradicación de la pobreza infantil en España, la reducción de las listas de espera hospitalarias o las ayudas para garantizar el derecho a la vivienda.
"Nada de esto ha sido considerado tan importante como el cumplimiento del compromiso del 2% del PIB a gasto militar adoptado por [el expresidente] Rajoy en 2014 y confirmado ahora por Pedro Sánchez", añade.
Según cálculos de este economista, con el dinero que Sánchez pretende movilizar para aumentar el gasto militar, se podrían "construir 400 hospitales comarcales, financiar 7.500 escuelas infantiles nuevas, contratar a 220.000 profesores de enseñanza primaria y secundaria durante un año, construir más de 180.000 viviendas públicas para alquiler asequible o hacer gratuita la red de transporte público de todas las comunidades autónomas durante tres años", entre otras propuestas en materia de apoyo sociolaboral a mujeres y políticas de transición ecológica.
"Financiar el 60% de una Prestación Universal por Crianza de 200 euros por niña/niño adicionales al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) reduciría la pobreza infantil en general, además de disminuir casi a la mitad la tasa actual de pobreza infantil extrema, del 14% al 8%", concluye Sánchez Mato, en su exposición del uso social que podría hacerse y ya no se hará con los 10.471 millones de euros que el Gobierno español destinará al gasto en defensa.
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