La víspera, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva para sancionar al máximo tribunal de las Naciones Unidas.
La orden del político republicano alega que la CPI ha "abusado de su poder" al ordenar arrestar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a su exministro de Defensa, Yoav Galant, por su presunta participación en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
La medida impone restricciones financieras y de visado a quienes colaboren en las investigaciones de la CPI contra ciudadanos del país norteamericano o sus aliados.
La firma del decreto coincide con la visita de Netanyahu a Washington. Asimismo, ocurre una semana después de que un grupo de representantes demócratas bloqueó un intento de los republicanos para sancionar a la CPI por las órdenes de arresto contra Netanyahu y Yoav Galant.
No obstante, Israel libra otro caso judicial en la Corte Internacional de Justicia, que resuelve una disputa presentada en principio por Sudáfrica y a la que se han sumado diversos países, en la que acusan al país hebreo de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.
La Corte Penal Internacional, por su parte, condenó que este 7 de febrero la medida y llamó a sus 125 Estados parte a oponerse a las sanciones de Washington.
"La corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten", sostuvo la CPI.
"Seguiremos brindando justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo", añadió.
Horas después, 79 países publicaron una carta conjunta en la que advirtieron que las sanciones "aumentarían el riesgo de impunidad para los crímenes más graves y amenazarían con erosionar el Estado de derecho internacional, que es fundamental para mantener el orden y la seguridad mundial".
De igual manera, dijeron, "las sanciones pueden poner en peligro la confidencialidad de la información sensible y la seguridad de las víctimas, los testigos y los funcionarios judiciales".
Entre los firmantes de la misiva se encuentran varios países europeos, además de Afganistán, Sudáfrica, Palestina, el Reino Unido, México y Canadá.
Los países firmantes también señalaron que la decisión de la Administración Trump perjudicaría gravemente todas las "situaciones" que se investigan en la actualidad, toda vez que la CPI podría verse obligada a cerrar sus oficinas.
"Lamentamos cualquier intento de socavar la independencia, integridad e imparcialidad de la corte", añade la nota.
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